Por Daniel Alcaraz

El primero de julio, de acuerdo con lo aprobado por gobierno estatal y concesionarios —no los usuarios—, el costo del pasaje será de 13 pesos, traslado mínimo. Se supone que para esta fecha ya los concesionarios deben haber mostrado que cumplirán con la mejora de unidades y la calidad del servicio.

Siendo honestos y con base en lo que podemos ver hoy, no hay ninguna señal que nos lleve a pensar que, por enésima ocasión, no nos fallarán.

¿Es acaso otra tomada de pelo como tantas veces en el pasado? ¿Por qué la famosa comisión que dará seguimiento al tema no ha salido a dar algún adelanto del avance del compromiso de parte de los transportistas? Hace unos días, el líder de una de las organizaciones de transportistas dijo que para modernizar unidades necesitaban del apoyo oficial.

O sea, ¿que no contaban con los fondos para cumplir su palabra? Y si fue así, ¿cómo es que se les autorizó el aumento tarifario?

¿Pareciera que vamos a otro engaño, que como ha ocurrido durante cada autorización de nuevas tarifas, seremos defraudados? De no haber cumplimiento, va a darse una reacción colectiva contra este sector.

El golpe a la economía familiar será durísimo, y ello solo confirmaría que las autoridades doblaron las manos ante la presión de los permisionarios;  eso va a traer consecuencias hasta en lo electoral.

Ojalá que se pongan las pilas y los obliguen a cumplir. Ah, y eso de transporte “gratis” a algunos sectores es otra tomada de pelo. Si es a través de un subsidio, ¿de dónde sale el dinero? Finalmente, somos los ciudadanos, los contribuyentes, los que pagamos los platos rotos; el gobierno solo agarra la lana de la caja.

¿O no?

Vamos a ver. Esta vez estaremos pendientes de que se hagan las cosas conforme a lo convenido unilateralmente por concesionarios y gobierno; de otra manera, el enojo colectivo despertará. ¿No lo cree?