Por Otto Alberto Pérez
El municipio con la tasa de extorsión más alta del país se convierte en el examen concreto de Omar García Harfuch. La coordinación con el gobierno de Margarita González Saravia queda expuesta ante la captura institucional local. Lo que está en juego no es un operativo: es la capacidad del Estado para sostener resultados más allá del despliegue.
Hay municipios que revelan la distancia entre el discurso de seguridad y la realidad territorial. Cuautla es uno de ellos.
Durante el primer semestre de 2026 registró la tasa más alta de extorsión del país: 21.4 casos por cada 100 mil habitantes. En el primer trimestre sumó 25 homicidios dolosos. La célula conocida como “La Empresa” controlaba el narcomenudeo y el cobro de piso, y según las propias autoridades federales concentraba cerca del 80 por ciento de los asesinatos por disputa de plazas. El Ayuntamiento no contuvo. Colapsó.
El 30 de mayo fue detenido el alcalde Jesús Corona Damián. Hoy enfrenta prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Operación Enjambre produjo más de 85 detenciones de funcionarios y exfuncionarios en el estado, incluidos siete presidentes municipales. Las corporaciones locales fueron desplazadas. Ante el vacío, el gobierno federal activó el Plan Cuautla: 394 elementos y 79 unidades de las fuerzas armadas y de la SSPC desplegados en 14 colonias prioritarias.
Hasta aquí los hechos. La tesis es otra. Cuautla no solo expone el fracaso de una administración municipal. Pone a prueba la capacidad de Omar García Harfuch para convertir una ocupación de emergencia en desmantelamiento de estructuras, y la calidad de su coordinación con el gobierno de Margarita González Saravia.
Las cifras posteriores muestran una reducción del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios en Morelos entre abril y junio, y una baja del 32 por ciento en robo de vehículo con violencia a nivel estatal. Esos números, sin embargo, miden contención. No demuestran todavía que las redes de extorsión hayan sido desarticuladas ni que los comerciantes hayan recuperado la posibilidad de operar sin pagar cuota. La presencia de casi cuatrocientos elementos puede bajar indicadores mientras permanece. La pregunta es qué ocurre cuando se retira.
El peso de la prueba recae en dos actores. Harfuch debe demostrar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana puede sostener inteligencia, operaciones y continuidad más allá del banderazo inicial. González Saravia, que el gobierno estatal es capaz de articular sin fisuras con la Federación y de reconstruir corporaciones locales que no vuelvan a ser capturadas. Cualquier falla en el intercambio de información, en el control de las plazas o en la continuidad de las investigaciones se traducirá en el regreso de las mismas células.
Cuautla funciona como termómetro porque concentra en un solo territorio el patrón que se repite en varios estados: municipios frágiles, infiltración criminal, colapso institucional y respuesta federal de emergencia. Si la estrategia logra desmontar las estructuras de “La Empresa” y reducir de forma sostenida la extorsión, el modelo podrá presentarse como viable. Si los indicadores vuelven a subir una vez que se retire el contingente, la prueba habrá sido reprobada.
En ese caso, la responsabilidad no podrá diluirse solo en el Ayuntamiento que ya colapsó. Recaerá en quienes hoy tienen el mando operativo y la obligación de la coordinación intergubernamental. Los comerciantes que pagan o cierran, las familias que viven bajo amenaza y los cuerpos que siguen apareciendo en las carpetas no esperan comunicados de coordinación. Esperan resultados que sobrevivan al retiro de las tropas.
