Por Equipo En Resumen
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El periodo corre del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 en el portal oficial https://portal.crt.gob.mx/consultapublica. Mientras el gobierno federal presenta la iniciativa como un mecanismo de autorregulación que garantiza derechos constitucionales, organismos gremiales, organizaciones de libertad de expresión y especialistas advierten que varias disposiciones podrían abrir espacios a la discrecionalidad estatal sobre los contenidos de radio y televisión.
Qué establecen los lineamientos
El documento obliga a todos los concesionarios de televisión abierta, radio, servicios de paga, así como a medios públicos, comerciales y de uso social, a elaborar un Código de Ética y a designar un Defensor de la Audiencia. Esta figura deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y sin conflictos de interés. En emisoras indígenas, afromexicanas y comunitarias, la persona designada deberá pertenecer a la propia comunidad.
La función del defensor consiste en recibir y resolver quejas del público en un plazo máximo de 20 días. Si las recomendaciones no son atendidas, la CRT podría imponer sanciones. El texto también exige diferenciar claramente la información de las opiniones mediante menciones, mensajes en pantalla o cortinillas, y prohíbe difundir datos falsos, descontextualizados o presentados de manera errónea como actuales.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, recordó que los derechos de las audiencias se incorporaron a la Constitución en 2013 y se desarrollaron en la ley de 2014. Una reforma de 2017 los eliminó, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó ese cambio por considerarlo un retroceso. La propuesta actual deriva de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que el objetivo no es multar, sino impulsar un proceso de autorregulación: “Las empresas nombran a su defensor y emiten su código; cuando hay una queja, la idea es que la persona pueda exponerla directamente en los espacios del medio”. Aclaró que la regulación no abarca a la prensa escrita ni a las plataformas digitales.
El debate: autorregulación o margen de control
Las críticas no son genéricas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) señaló que los lineamientos contienen formulaciones ambiguas que permitirían a la autoridad definir qué constituye información falsa o descontextualizada, subordinan al defensor de las audiencias mediante un recurso de inconformidad y contemplan multas de hasta el 1 % de los ingresos anuales del concesionario, cifra que, según el organismo, excede lo previsto en la ley. Artículo 19 advirtió que confiar a un órgano del Ejecutivo la evaluación de conceptos como “veracidad” u “objetividad” instrumentaliza los derechos de las audiencias y puede restringir la crítica. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) consideró que la propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censura institucionalizada. Especialistas como Irene Levy han documentado que varias atribuciones otorgadas a la CRT rebasan las facultades que le confiere la legislación vigente.
En este contexto de tensiones sobre los límites de la expresión, un caso reciente ilustra la sensibilidad institucional hacia el lenguaje político. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al Partido Revolucionario Institucional y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en redes en las que se refería a Morena con términos como “narcopartido” o “narcogobierno”, al estimar que carecían de sustento fáctico y podían constituir calumnia electoral. Moreno anunció que impugnará la resolución ante instancias nacionales e internacionales y sostuvo que la medida limita la crítica política.
La consulta permanece abierta hasta el 21 de agosto. El punto central del debate sigue siendo si los lineamientos consolidarán un mecanismo efectivo de protección de las audiencias o si, en la práctica, ampliarán el margen de intervención estatal sobre el ejercicio periodístico y la libertad editorial en los medios electrónicos.
