Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias «R1», representa, al menos desde la óptica del gobierno federal, uno de los golpes más relevantes en materia de seguridad durante las últimas semanas. De acuerdo con la información presentada por el gabinete de seguridad, el presunto líder de una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación habría sido el autor intelectual del asesinato del alcalde de Tacámbaro, Carlos Manzo. Con esta detención, las autoridades informaron que ya suman 31 personas detenidas relacionadas con ese caso.
Sin embargo, el cierre judicial o policial de una investigación no siempre coincide con el cierre político del caso.
Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, insistió públicamente en que no se descarte una posible línea de investigación relacionada con actores políticos. Para sustentar su petición volvió a difundir fotografías donde aparece Leonel Godoy acompañado del hermano de «R1». El exgobernador rechazó cualquier vínculo con los hechos y respondió que, si existen elementos, sea precisamente el hermano del detenido quien sea investigado conforme a derecho.
Algo similar puede observarse en la estrategia contra el robo de combustible.
Durante los últimos meses el gobierno ha incrementado operativos contra tomas clandestinas, aseguramientos de pipas, decomisos de hidrocarburos y detenciones de responsables operativos. Las cifras son presentadas con frecuencia como evidencia del fortalecimiento institucional. Sin embargo, no existen funcionarios o políticos del partido en el poder señalados como responsables, a pesar de las grandes cantidades de dinero que deja este delito.
La confrontación parece detenerse justo antes de convertirse en un conflicto político.
Desde una perspectiva de gobernabilidad, esa decisión puede tener lógica. Abrir investigaciones que eventualmente involucren a figuras políticas relevantes implica costos institucionales, fracturas internas y riesgos para la estabilidad de cualquier gobierno. En cambio, concentrar la ofensiva en operadores criminales permite mostrar resultados inmediatos sin alterar el equilibrio político de la coalición gobernante.
Es una estrategia pragmática.
También es una apuesta de alto riesgo.
La historia del combate al crimen organizado demuestra que las organizaciones delictivas poseen una enorme capacidad para sustituir rápidamente a sus operadores. Cuando cae un jefe regional, otro ocupa su lugar. Cuando una célula desaparece, otra intenta llenar el vacío. Lo verdaderamente difícil no consiste únicamente en detener a quienes ejecutan los delitos, sino en desmontar las estructuras económicas, financieras, institucionales y políticas que permiten que esas organizaciones sobrevivan durante años.
Por ahora, la estrategia parece ofrecer dividendos políticos. Las detenciones generan percepción de autoridad, fortalecen la imagen del gabinete de seguridad y permiten comunicar que el Estado ha recuperado capacidad para enfrentar a grupos criminales que durante años actuaron con enorme margen de impunidad.
Sin embargo, el verdadero examen llegará cuando alguna investigación conduzca naturalmente hacia espacios de poder político.
Ese será el momento en que podrá medirse hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano.
