Por Otto Alberto Pérez
La gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por Morelos los días 24 y 25 de julio no fue un recorrido de protocolo. Fue un ejercicio deliberado de respaldo político e institucional a la gobernadora Margarita González Saravia y a la estrategia de coordinación que ambas administraciones sostienen.
En la Conferencia Mañanera del viernes 24, realizada en Cuernavaca, el secretario Omar García Harfuch puso sobre la mesa un dato que reordenó la conversación pública: Valentín Lavín Romero, el alcalde de Temoac asesinado dos días antes dentro del propio Palacio Municipal, se encontraba bajo investigación federal por presuntos vínculos con las células delictivas conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, grupos dedicados al secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio en la región oriente del estado. Harfuch precisó que esas pesquisas incluían también el entorno familiar del edil; su suegra, Andrea “N”, alias La Patrona, ex tesorera municipal, ya había sido detenida en dos ocasiones como presunta operadora de esa estructura. La oposición intentó convertir el asesinato en un costo político para el gobierno del estado. La información oficial lo desactivó: no se trataba de un servidor público limpio caído en el ejercicio del cargo, sino de un personaje que ya figuraba en las carpetas de investigación.
Ese mismo día se presentaron las cifras del Plan Morelos: reducción del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026 (de 3.5 a 1.6 casos), y una baja del 9 por ciento en delitos de alto impacto. Sheinbaum fue explícita: el gobierno federal no puede sustituir la responsabilidad de los presidentes municipales y es indispensable que las policías locales estén limpias. El mensaje de respaldo a González Saravia quedó sellado con la entrega de apoyos a cañeros en Zacatepec, la ampliación de la meta de vivienda a 24 mil unidades en el estado y el anuncio de reestructuración de créditos hipotecarios a escala nacional desde territorio morelense.
El sábado 25 la agenda se concentró en Cuautla. Mientras se reforzaba la presencia de la Guardia Nacional y se entregaban viviendas y escrituras, fuerzas federales y estatales ejecutaron tres cateos en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla. Resultado: seis integrantes del grupo La Empresa detenidos por extorsión, cobro de piso y distribución de narcóticos. La operación se enmarca en la continuidad del Operativo Enjambre, que ya ha producido la detención de más de ochenta funcionarios municipales, entre ellos el exalcalde de Cuautla Jesús Corona Damián y el de Atlatlahucan Agustín Toledano Amaro.
Hasta aquí el registro de hechos. La pregunta que deja la gira no es de voluntad política. El respaldo de la presidenta a la gobernadora es inequívoco. La coordinación funciona en el plano de los recursos, de la inteligencia compartida y de la presión sobre estructuras delictivas. La interrogante es de alcance estructural: ¿hasta dónde puede llegar esa coordinación para producir resultados duraderos cuando el primer nivel de gobierno —el municipal— presenta, de manera reiterada, casos de presunta captura por el crimen organizado?
Cuernavaca, la capital, mantiene una percepción de inseguridad cercana al 80 por ciento y una corporación policial que, según el propio Consejo Municipal de Seguridad, opera con menos de la mitad de los elementos que requiere. La Fiscalía General del Estado resuelve apenas alrededor del 2.5 por ciento de sus carpetas (índice de impunidad del 97.61 por ciento, según México Evalúa). Cuando la base territorial y la investigación penal local presentan esas limitaciones, la suma de voluntad federal y alineamiento estatal encuentra un techo.
No se trata de cuestionar el esfuerzo conjunto. Se trata de reconocer el límite real de la aritmética política: dos más dos no necesariamente dan cuatro cuando uno de los sumandos —el poder municipal y la capacidad de persecución local— opera con variables contaminadas. Esa es la operación pendiente.
