Por Jazmín López
Durante muchos años, hablar de los pueblos afromexicanos era hablar de una parte de México que permanecía prácticamente invisible. Su historia, su cultura y sus aportaciones al desarrollo nacional pocas veces ocuparon un espacio en las políticas públicas o en el debate nacional. Si a ello se suma la condición de ser mujer, la invisibilización fue aún mayor. Hoy, ese panorama comienza a cambiar gracias a una transformación jurídica e institucional que coloca en el centro a quienes históricamente habían sido relegadas.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, la campaña «Mujeres Afromexicanas: Voces, libertad y derechos», impulsada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, representa mucho más que una estrategia de comunicación. Es la expresión de una política pública que busca reconocer, garantizar y hacer efectivos los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas desde una perspectiva de igualdad, justicia y libre determinación.
Uno de los mayores logros de esta administración ha sido impulsar la reforma al artículo 2.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en septiembre de 2024, mediante la cual se reconoce expresamente a las mujeres indígenas y afromexicanas como sujetas de derechos. Este avance no solo fortalece el marco constitucional, sino que abre la puerta para que su participación en la vida pública, el acceso a la educación, la salud, la tierra y la toma de decisiones dejen de ser aspiraciones y se conviertan en derechos plenamente garantizados.
En este proceso, el INPI ha asumido un papel fundamental. Más allá de acompañar las reformas legales, ha impulsado un modelo de trabajo basado en el diálogo directo con los pueblos y comunidades, privilegiando la consulta, la participación y el respeto a la autonomía. Esa visión cobra especial relevancia en la actual consulta sobre la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un ejercicio democrático que busca construir una legislación desde las propias voces de quienes serán sus principales beneficiarios.
La iniciativa incorpora por primera vez un libro específico dedicado a los pueblos y comunidades afromexicanas, orientado a combatir el racismo estructural y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos. Asimismo, contempla un apartado exclusivo para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas, reconociendo que la igualdad solo puede alcanzarse cuando las políticas públicas consideran las realidades particulares de cada sector de la población.
Las mujeres afromexicanas desempeñan un papel esencial en la preservación de la identidad cultural, los conocimientos tradicionales, la protección del territorio y la defensa del patrimonio biocultural de México. Su liderazgo comunitario ha sido determinante para mantener vivas las raíces de sus pueblos y fortalecer la cohesión social. Reconocer esa contribución no es un acto de buena voluntad, sino un acto de justicia histórica.
El reto ahora será consolidar estos avances mediante políticas públicas, recursos suficientes y mecanismos que permitan hacer efectivos los derechos ya reconocidos en la Constitución. Sin embargo, el camino recorrido demuestra que cuando las instituciones trabajan de la mano con los pueblos y comunidades, es posible avanzar hacia una sociedad donde la igualdad deje de ser un ideal y se convierta en una realidad.
