Por Otto Alberto Pérez
Exigir un incremento del 6.3% con efecto retroactivo no es pedir “una décima más”. Es pretender que un régimen laboral ya excepcional se convierta en el nuevo piso mínimo, y que cualquier resistencia se lea como ataque a los trabajadores.
El miércoles 15 de julio, un grupo de sindicalizados del Poder Legislativo irrumpieron en la sesión de clausura, rodearon al presidente de la Mesa Directiva y generaron agresiones que ya motivaron denuncias. La violencia no fue un exceso aislado. Fue el instrumento para imponer una narrativa: que quienes hoy perciben hasta 63 mil 600 pesos mensuales, con más de cuarenta prestaciones adicionales, están en riesgo de perder derechos básicos.
La comparación es demoledora. Un trabajador de la iniciativa privada tiene por ley quince días de aguinaldo, doce días de vacaciones el primer año y una prima del 25%. El convenio del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo contempla noventa días de aguinaldo, despensas mensuales por 268 mil pesos para el conjunto de los 145 trabajadores, útiles escolares por más de 822 mil pesos anuales, juguetes de Reyes y del Niño, apoyos por Día de la Madre y del Padre, maestra particular, viáticos permanentes incluso en periodos vacacionales, día de descanso por cumpleaños y un largo etcétera financiado íntegramente con recursos públicos. Son 145 trabajadores. El mejor pagado se acerca al millón de pesos anuales solo entre salario y aguinaldo.
Mientras tanto, el estado de Morelos destina más de 1,600 millones de pesos al año a pensiones y enfrenta alertas serias sobre la viabilidad de sus finanzas públicas. En ese escenario, ampliar todavía más un esquema privilegiado no es una conquista laboral. Es una transferencia adicional de recursos de la mayoría hacia un grupo reducido que ya opera bajo reglas distintas a las del resto de la sociedad.
Isaac Pimentel Mejía ha dicho que las agresiones tendrán consecuencias y que el planteamiento se someterá al pleno. Rafael Reyes Reyes rechazó la violencia. El secretario general del sindicato, Josué Gabriel Alonso Parra, insiste en que existen condiciones para concretar el aumento. Ninguno de ellos ha confrontado el núcleo del problema: la distancia abismal entre lo que se exige y lo que la inmensa mayoría de los trabajadores morelenses puede aspirar a tener.
El Congreso debería ser el primero en poner límites al uso del erario. Cuando sus propios trabajadores exigen ampliar un régimen ya excepcional y lo hacen con violencia, queda en evidencia una falla de autorregulación.
Cuando un privilegio se defiende con la retórica del derecho amenazado y se acompaña de violencia en el recinto legislativo, se está obligando a todos a aceptar que 2+2=5. El costo de esa operación aritmética lo pagan, como siempre, quienes nunca tendrán acceso a esas condiciones.
