Por Equipo En Resumen
El Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha solicitado formalmente una ampliación presupuestal de emergencia del orden de los 300 millones de pesos para garantizar el pago de nóminas y pensiones urgentes hasta el cierre del ejercicio fiscal. El presidente del Órgano de Administración Judicial, Javier García Tinoco, advirtió en las primeras semanas de julio de 2026 que, sin estos recursos, la institución se quedará sin un solo peso entre septiembre y octubre. Esta declaración confirma que cualquier planificación para renovar el Poder Judicial en 2027 era, desde el origen, una ilusión presupuestaria insostenible.
El boquete financiero no es coyuntural. El presupuesto autorizado para 2026 —837 millones de pesos— no contempló el rezago acumulado de obligaciones laborales. El tribunal enfrenta actualmente cerca de 700 decretos de jubilación pendientes de fondeo, además de 70 millones de pesos inmovilizados en litigios de amparo promovidos por extrabajadores que exigen su incorporación inmediata a la nómina o la actualización de sus pensiones. Más de un centenar de estos amparos dan cuenta de impagos históricos que la institución no ha podido resolver. Esta situación ha llevado al Órgano de Administración Judicial a gestionar de urgencia los recursos adicionales ante el Ejecutivo y el Congreso local, con la prioridad absoluta de cubrir los salarios de entre 1,500 y 1,600 trabajadores activos y las pensiones más apremiantes, para evitar una parálisis operativa o una huelga que detendría la impartición de justicia en el estado.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, José Luis Páez Padilla, ya había alertado el 15 de mayo de 2026 que los recursos autorizados solo alcanzarían hasta junio o julio, poniendo en riesgo las percepciones de más de mil familias y amenazando con paralizar las actividades del tribunal. Jubilados, por su parte, han realizado marchas durante julio exigiendo el cumplimiento de incrementos pendientes en sus pensiones, evidenciando que el problema no se limita a la liquidez inmediata, sino que refleja un pasivo laboral estructural postergado durante años.
La postergación de la renovación judicial a 2028 no surgió como estrategia local. Se trata de un mandato constitucional federal derivado de la reforma impulsada por la Presidencia de la República en abril-mayo de 2026, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en mayo con mayoría calificada, y declarada constitucional en junio tras la ratificación de la mayoría de los congresos estatales. Morelos procedió en julio a la armonización legislativa obligatoria. El beneficio fiscal para el estado es evidente: mover la elección a 2028 permite evitar en 2027 los costos logísticos del proceso, la aportación extraordinaria que requeriría el IMPEPAC y, sobre todo, los finiquitos millonarios de magistrados y jueces que no resulten electos o renovados. Con un déficit ya de 700 millones, estas erogaciones adicionales habrían precipitado un colapso financiero total.
El aplazamiento otorga tiempo para gestionar los entre 1,300 y 1,500 millones de pesos que se proyectan necesarios para 2027, incluyendo pensiones, renovación de infraestructura y operación de nuevos juzgados. Sin embargo, esta dilación —legalmente vinculante— no resuelve las causas profundas de la crisis: la ausencia de una planeación financiera responsable que contemple desde el origen el costo real de las obligaciones laborales del Poder Judicial y la dependencia crónica de ampliaciones presupuestales de emergencia.
Las consecuencias recaen de inmediato sobre los trabajadores activos, cuyos salarios penden de decisiones legislativas de último momento, y sobre los jubilados, cuyas pensiones siguen sin liquidarse plenamente. De manera más amplia, comprometen la estabilidad operativa de los tribunales y el derecho de la ciudadanía a una justicia funcional y sostenida. El Ejecutivo y el Congreso de Morelos tienen la obligación de garantizar que el Poder Judicial cuente con los recursos suficientes para operar con autonomía y dignidad laboral, sin poner en riesgo los derechos de sus trabajadores ni la impartición de justicia. La postergación a 2028 puede ser un mecanismo legal derivado de la federación, pero la responsabilidad local radica en no haber previsto ni atendido a tiempo un déficit que hoy obliga al tribunal a gestionar recursos de emergencia para pagar quincenas. De persistir esta dinámica, la justicia en Morelos seguirá operando bajo la amenaza constante de parálisis, con las consecuencias que ello implica para el acceso a la justicia de la población.
