Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La política rara vez se explica por acontecimientos aislados. Con frecuencia, son las coincidencias temporales las que revelan cambios más profundos en el equilibrio del poder. En Baja California, la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y la crisis política que enfrenta la gobernadora Marina del Pilar Ávila configuran un escenario que podría redefinir la competencia electoral rumbo a 2027 y 2028.
Por separado, ambos episodios tienen relevancia propia. Juntos, modifican el tablero político de una de las entidades más estratégicas del país.
Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México, fue detenido por la Fiscalía General de la República bajo acusaciones de delincuencia organizada y presunto contrabando de combustible. Paralelamente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila atraviesa el momento más complejo de su administración tras la difusión de audios en los que presuntamente se le escucha ofreciendo compartir información relacionada con temas de seguridad con autoridades estadounidenses a cambio de beneficios dentro de una investigación que se sigue en su contra. La autenticidad, el contexto y los alcances de ese material deberán ser esclarecidos por las instancias competentes, pero su impacto político ya es evidente.
El costo para la gobernadora es innegable. La discusión ya no gira únicamente en torno al contenido de los audios, sino sobre su capacidad para conservar autoridad política en un contexto donde la percepción pública suele ser tan determinante como los hechos mismos.
Diversos analistas han planteado la posibilidad de que solicite licencia o incluso deje anticipadamente el cargo si la presión política continúa escalando. De concretarse una salida anticipada, Morena tendría que resolver una sucesión mediante el Congreso local. Aunque el partido conserva mayoría legislativa, los relevos de esta naturaleza suelen abrir disputas internas, redistribuir liderazgos y proyectar una imagen de inestabilidad gubernamental.
La detención de Ruffo también altera los cálculos de la oposición.
Más allá del desenlace judicial, los procesos federales por delincuencia organizada suelen prolongarse durante meses o incluso años. Esa circunstancia reduce significativamente la posibilidad de que participe activamente en la organización política o en eventuales candidaturas durante los próximos procesos electorales.
Ruffo representa no solamente a un actor político, sino también a un empresario con una larga trayectoria en Baja California. Su detención inevitablemente genera inquietud entre sectores productivos acostumbrados a interpretar este tipo de acontecimientos como señales sobre la relación entre el poder político y la iniciativa privada.
Baja California ocupa una posición singular dentro del país. Su condición fronteriza, su peso industrial y su relevancia electoral convierten cualquier crisis política en un asunto de interés nacional.
Por ello, el verdadero desafío trasciende el destino personal de la gobernadora o del exgobernador. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones encargadas de procurar justicia. Cuando una investigación coincide con momentos de alta competencia política, la carga de demostrar imparcialidad y apego al debido proceso es todavía mayor.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando la ley deja de aplicarse; también lo hacen cuando una parte importante de la sociedad deja de creer que la ley se aplica con los mismos criterios para todos. Esa desconfianza erosiona la legitimidad del Estado y convierte cada decisión judicial en un motivo de confrontación política.
Las campañas de 2027 y la sucesión estatal de 2028 todavía no comienzan formalmente. Sin embargo, el movimiento de las piezas más importantes del tablero ya empezó. La pregunta ya no es solamente qué ocurrirá en Baja California, sino si este tipo de episodios comenzará a repetirse en otras entidades conforme se acerquen los procesos electorales. Si la justicia termina siendo percibida como un instrumento de competencia política y no como una institución imparcial, el costo no lo pagarán únicamente los actores involucrados: lo pagará la credibilidad del Estado de derecho.
