Por Equipo #EnResumen
El Parque Nacional El Tepozteco no está siendo ocupado a espaldas del Estado. Está siendo lotificado a la vista de las instituciones que deberían impedirlo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas replica anuncios de venta y advierte que comprar ahí es un riesgo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coloca sellos. El municipio de Tepoztlán recorre parajes, presenta denuncias y reporta clausuras. Ninguna de esas acciones ha revertido el hecho central: dentro de un área natural protegida de 23 mil 258 hectáreas, decretada el 22 de enero de 1937 por Lázaro Cárdenas para la conservación perpetua de flora, fauna y vestigios arqueológicos, se ofrece tierra comunal como lote y se construye sobre zonas de preservación.
El director del área, Francisco Javier Medina González, ha documentado el circuito irregular y ha dicho en público que 856 hectáreas del parque ya están ocupadas de forma irregular. El alcalde Perseo Quiroz Rendón reconoce el mismo fenómeno: anuncios, bardas, viviendas y supuestos permisos emitidos por quien no tiene facultad para autorizar. Su administración reporta más de 25 clausuras vigentes y dos órdenes de demolición que no se han ejecutado porque las resoluciones “todavía deben quedar firmes”. En algunos predios, los sellos ya fueron violados.
Esa secuencia no es un fallo aislado. Es el mecanismo.
La autoridad ambiental federal no recupera el predio: impone la clausura total temporal. El boletín se publica, el sello se fotografía y el expediente entra en un procedimiento administrativo que rara vez termina en restitución. En 2025, Profepa reiteró esa fórmula en parajes como Cuaquiahuac, Callejón de los Conejos y Cocuajtla: obras en negro, sin autorización de impacto ambiental de Semarnat, sobre encino, madroño y cedro blanco. El municipio suma operativos. Vecinos de Santo Domingo Ocotitlán lo dijeron cuando se clausuraron dos construcciones sobre cuevas de Oztoyohualco: el sello llega cuando hay más casas en proceso. La protección se ejerce como registro del daño, no como interrupción de la venta.
El circuito necesita apenas un documento menor. Gran parte del territorio de Tepoztlán es comunal. La tierra comunal no se vende ni se enajena. Lo que circula, según la propia Conanp, son constancias de posesión: papeles que acreditan un derecho agrario limitado y que los anuncios presentan como si bastaran para transmitir un lote. Un predio de 200 metros cuadrados se ofreció en redes por 75 mil pesos en Lomas de Paraíso, cerca de Milpillas, con El Tepozteco como referencia de paisaje y sin advertir que está sujeto a protección ambiental. Semarnat y Conanp respondieron con una leyenda institucional: actividad prohibida. La alerta confirma la irregularidad y no detiene la oferta.
La simulación se agrava porque nadie puede decir, con certeza oponible a un comprador, quién está facultado para emitir esas constancias. Hay una disputa abierta por la representación comunal. Pedro Flores Palacios, secretario de Bienes Comunales, sitúa la presión sobre la tierra en su incorporación creciente a tratos particulares y recuerda que los instrumentos de ordenamiento —el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el decreto del parque, el Atlas de Riesgos— han operado como “letra muerta”. Anabel Edith de Mesa La Bastida, presidenta del Comisariado Comunal Indígena electo el 22 de marzo de 2026, sostiene que personas ajenas a su representación comercializan constancias y que los cerros, ríos y caminos reales quedan encerrados por bardas. El municipio ha encontrado gestores que garantizan que “todo está en regla”. La regla, en los hechos, es la confusión.
Esa confusión no es un vacío legal. Es un diseño. El decreto de 1937 fue declarativo, no expropiatorio: reconoció el parque sin alterar el régimen de propiedad. El Programa de Manejo se publicó hasta 2011. El ordenamiento ecológico local de Tepoztlán data de 2009. Han pasado 17 años, un programa de Pueblos Mágicos y la ampliación de la autopista. El Ayuntamiento acaba de reinstalar el Comité de Ordenamiento y estima que la actualización podría quedar lista el año próximo. Mientras el mapa se discute, la casa se termina.
El costo no es abstracto. Recorridos en parajes del parque —Santo Domingo Ocotitlán, La Franja, Campo Tetela, Santa Catarina, Tetenco, Tetecolala, Xolatlaco, Xaltitla, Cuaxochoco, Oztoyohualco— muestran el mismo patrón: piedra extraída del cerro para abrir veredas, cercos, cableado, pavimento y viviendas de gran tamaño donde había bosque. Saturno, de la Asamblea Comunitaria de Pueblos, Barrios y Colonias, describe el cambio desde el suelo: terrenos de tránsito cotidiano convertidos en predios cerrados; un campo de pericón en Xolatlaco cubierto de cemento; menos paso para la fauna; más presión sobre las zonas altas que infiltran agua hacia el resto del municipio. En Oztoyohualco están las grutas que sirven de refugio temporal al murciélago magueyero mayor. Construir encima no es un detalle urbanístico. Es intervenir la recarga hídrica y el hábitat de una especie de la que depende la polinización del maguey.
El esquema se repite en el país. En el suelo de conservación de la Ciudad de México, redes ofrecen predios de 200 metros cuadrados y operan con la misma gramática: anuncio digital, papel agrario, zona protegida omitida. En Tulum y el Caribe, la tierra ejidal colindante con reservas entra al inventario inmobiliario. Tepoztlán no es una excepción cultural. Es un eslabón del mismo trato: la constancia sustituye al título y la clausura temporal sustituye a la ley.
Hay una ironía que el expediente no puede ignorar. Este municipio expulsó en 1995 un proyecto de club de golf sobre tierra comunal y sostuvo un ayuntamiento de facto para impedir que el cerro se volviera desarrollo. Tres décadas después, la urbanización no llega con un solo megaproyecto visible. Llega por lotes, por bardas y por documentos que el Estado no anula.
Las víctimas son dobles y no equivalentes. Quien paga 75 mil pesos no obtiene propiedad: obtiene un conflicto, una posible clausura y ninguna escritura. La comunidad pierde caminos, agua, bosque y el único patrimonio que la ley agraria declaró inalienable. El primero puede haber sido engañado. La segunda es el sujeto al que las instituciones debían resguardar.
Verificar antes de comprar, como recomiendan municipio y Conanp, desplaza la carga al particular y deja intacto el engranaje. Un parque nacional no se protege con un comunicado en redes. Se protege cuando una constancia usada para transmitir un lote se declara ineficaz, cuando un sello violado deriva en demolición ejecutada y cuando la representación agraria deja de operar como mostrador paralelo. Sin eso, El Tepozteco sigue siendo lo que el Estado ha permitido que sea: un área natural protegida con decreto, con director, con operativos y con casas.
*Con infomración y fotos de Estrella Pedroza / reportaje original publicado en Causa Natura Media /
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