Por Equipo #EnResumen
Carolina Herrera García, madre de Carla, de 15 años, y de Mía, de 3, permanece con su hija mayor en Galveston, Texas, debido a que Carla sufrió quemaduras en más de la mitad del cuerpo tras la fuga de una pipa de Tomza Gas Titanium el 6 de agosto en la colonia Las Granjas, Cuernavaca. Desde el hospital, difundió un video en el que acusa que la empresa ofreció un millón de pesos al padre de Mía para que firmara el perdón y obtuviera la custodia de la niña. Agregó que la Fiscalía de Morelos actúa junto con la gasera para quitársela.
En el video pide ayuda a la gobernadora Margarita González Saravia y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que el padre le impide hablar con Mía y que la amenazó con no dejársela ver. Sostiene que la niña siempre ha vivido con ella y que vecinos y familiares pueden atestiguarlo. No mostró documentos del millón. No nombró a un agente del Ministerio Público ni a un área de la Fiscalía.
Carolina y el padre de Mía están separados. Hay antecedentes de violencia familiar. Ella llegó a contar con un botón de pánico como medida de protección. Al salir a Texas con Carla, él quedó a cargo de Mía en Morelos. El padre no ha respondido en público.
La oferta no está documentada. El cauce de la Fiscalía sí. El 25 de agosto, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó 66 denuncias —41 por daños, 18 por lesiones, 6 por ambos y una por homicidio culposo—, más de 200 intervenciones periciales y 14 acuerdos reparatorios con Tomza Gas Titanium, formalizados en el Centro de Justicia Alternativa y en la Unidad de Atención Temprana. Descartó un “carpetazo”. Anunció apoyo de la Fiscalía General de la República. Protección Civil estatal abrió un procedimiento administrativo contra la empresa y, al 13 de agosto, confirmó que Tomza seguía operando.
El CJA no es un juzgado. Es una oficina de la propia Fiscalía que media delitos que la ley permite resolver sin sentencia. El producto es el acuerdo reparatorio. Si el Ministerio Público o un juez de control lo aprueba y se cumple, puede extinguir la acción penal en delitos que admiten perdón, en delitos culposos —homicidio culposo y lesiones culposas— y en delitos patrimoniales sin violencia. Lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. La FGE no necesita una condena contra Tomza para sentarla con afectados. Basta derivarla al CJA.
En la carpeta de la familia Herrera, el abogado Eduardo Núñez Morales obtuvo copia cotejada de más de 600 fojas y sostuvo el 25 de agosto que no halló los dictámenes que la FGE había anunciado. Encontró informes de peritos estatales que piden apoyo federal. No constaban, según esa revisión, estudios del tanque, las válvulas o la unidad, ni la personalidad jurídica completa de Tomza ni la póliza. El 28 de agosto denunció que la aseguradora no asumía de forma formal la atención de esa familia. La póliza presentada, dijo, es de Quálitas para hecho de tránsito, con tope de un millón 200 mil pesos. Tampoco hay cuantificación del daño presente ni del futuro: cirugías, rehabilitación, casa perdida.
Núñez no afirma que un delito contra la procuración de justicia ya se haya consumado. Advierte que los derechos de Mía no pueden negociarse a espaldas de la madre ni usarse para beneficiar a un tercero. Si la Fiscalía, conociendo el conflicto familiar, permitiera que el padre otorgue el perdón de forma unilateral o acepte un acuerdo contrario al interés superior de la niña, esa actuación tendría que investigarse. Cualquier convenio exige reparación integral —hoy inexistente, porque el daño no está cuantificado—, representación legítima y protección reforzada de la menor.
Siete integrantes de esa familia resultaron afectados. Cinco requirieron hospitalización. Además de Carla y Mía, permanecen Vivi, de 21 años, internada en la Ciudad de México; un adolescente de 17; y Arcangelina Bastidas Reyes, de 83, reingresada. La casa de Francisco Villa quedó inhabitables. Carolina resultó lesionada en un pie. El 8 de agosto, Protección Civil municipal contabilizó 34 o 35 inmuebles dañados. La FGE bajó después el recuento de lesionados a 16, con una muerta —Viviana Aguilar Zendejas, de otro núcleo familiar—, 11 altas y cuatro aún hospitalizados: uno en la capital, uno en Texas y dos en Cuernavaca. No explicó la diferencia.
El 27 de agosto, la diputada federal Magda Salgado, de Morena, pidió a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la Comisión Reguladora de Energía y a la FGE de Morelos sanciones contra Tomza y que los acuerdos reparatorios no eximan de responsabilidad penal. La Fiscalía no ha publicado los dictámenes que permitirían saber si lo firmado en el CJA corresponde a la causa de la fuga.
Grupo Tomza acumula un historial de pipas y filiales con muertos en varios estados, incluido el de La Concordia, en Iztapalapa, en 2025. El 25 de agosto, Sheinbaum pidió revisar si el grupo incumplió normas y, de acreditarlo, sancionarlo. Al día siguiente, peritos de la FGR intervinieron el sitio. Llegaron cuando la FGE estatal ya había sentado a la empresa en la mesa de convenios.
La Fiscalía puede anunciar mediación y decir que la carpeta penal sigue abierta. Las dos cosas caben en el mismo boletín. Lo que no cabe en Las Granjas es que el padre de una niña de tres años, con antecedente de violencia familiar, quede como interlocutor del perdón mientras la madre está en Texas, el daño de esa familia no está cuantificado y los dictámenes no aparecen en su carpeta. Si el CJA recibe esa firma, deja de reparar y abarata el pasivo de Tomza.
De la FGE se exige lo comprobable: publicar los dictámenes que dice haber recabado; precisar si los 14 acuerdos incluyen renuncia a la acción penal; impedir que un convenio con el padre sustituya la reparación de quienes siguen internados; y que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervenga de oficio en la guarda de Mía mientras Carolina permanece fuera del estado por la atención de Carla. Sin eso, el papel oficial seguirá contando convenios y Francisco Villa seguirá sin una respuesta técnica a por qué una pipa de Tomza se vació frente a las casas.
