El Cártel de Sinaloa no entra a esta edición por una frase suelta. Entra porque un exoperador de su órbita —Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”— sostiene que la organización pactó con funcionarios de Perú y Venezuela. Anabel Hernández lo documenta en Narcocracia y lo reiteró en entrevista con un medio digital: reuniones, pagos y facilidades de tránsito. Es testimonio de un cooperador, no un veredicto.
Villarreal no es un testigo menor. Fue pieza de los Beltrán Leyva, cayó en Puebla en 2010, fue extraditado a Estados Unidos y declaró en el juicio contra Genaro García Luna. Su relato cubre años en los que el cártel ya no era solo un asunto de plazas del Pacífico.
Perú y Venezuela, en voz del testigo
En el tramo peruano, Hernández atribuye a “El Grande” que el gobierno de Alan García (2006-2011) envió a funcionarios a tratar con el cártel. El apodo que usa el relato para García es “Caballo Loco”. La operación descrita es de desvío de armamento comprado por la vía estatal en China. Hernández añade un límite que conviene conservar: no hay prueba de que el gobierno chino conociera el destino final.
En el tramo venezolano, el mismo testigo sitúa reuniones con un hombre conocido como “El Turco”, presentado como familiar de Hugo Chávez. Suma a Nicolás Maduro, entonces canciller, en la gestión de visas y viajes entre ambos países. Hernández dice haber visto esa pista hacia 2008-2009 y papeles de 2010-2011. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por su lado, acusa desde hace años a Maduro de facilitar el tránsito de narcotraficantes y de integrar la red que Washington llama Cártel de los Soles.
Nada de eso, por sí solo, condena a un Estado. Lo deja en el terreno que le corresponde: declaración de un excapo y causa penal abierta en Estados Unidos.
Lo que sí tiene fecha
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses detuvieron en Caracas a Maduro y a Cilia Flores. El 5 de enero se declararon no culpables en Manhattan. Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos de armas. El juicio apunta a junio de 2027. Siguen presos en Estados Unidos. Venezuela denuncia secuestro; Washington, captura.
Esa fecha no prueba cada reunión que Villarreal describe. Sí muestra el marco en el que Trump habla de México: el narco como causa penal y como argumento de presión.
Sinaloa, en números
Aquí el daño no es testimonio. Tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, en septiembre de 2024, el cártel se partió. El Índice de Paz México registró el alza: 1,022 homicidios en Sinaloa en 2024 y 1,732 en 2025. En Culiacán, la tasa pasó de 64 a 107 por cada 100 mil habitantes. Entre el estallido de esa guerra y mayo de 2026, los recuentos superan los 2,800 asesinatos dolosos en la entidad.
El gobierno federal exhibe otra columna. El promedio nacional de homicidios dolosos, según Palacio Nacional, bajó de 86.9 diarios en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026. En dos años reporta unas 420 toneladas de droga, más de cinco millones de pastillas de fentanilo y 30 mil armas. En Sinaloa, el plan de diciembre de 2024 suma más de 2,500 detenciones y 94.5 toneladas aseguradas. Omar García Harfuch lo dejó en una frase útil: el cártel está afectado, no disminuido; conserva dinero y fuego. El 20 por ciento de las armas decomisadas en el sexenio salió de ese estado.
La frase de Trump
Washington convirtió ese mapa en doctrina. En febrero de 2025 designó a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. El 9 de mayo de 2026, Trump dijo que “los cárteles gobiernan México, y nadie más”. En junio insistió en que el país perdió el control. En julio, Stephen Miller los comparó con ISIS y Al Qaeda.
En abril, fiscales estadounidenses imputaron a diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presunta protección al cártel. Sheinbaum habló de injerencia, recordó que México ha enviado a más de 90 detenidos al norte y pidió a cambio a personas ligadas al huachicol y a Ayotzinapa. También reclamó que Estados Unidos atienda consumo y lavado.
El testimonio de “El Grande” no prueba, por sí solo, que los gobiernos de Perú y Venezuela se hayan puesto al servicio del Cártel de Sinaloa. Lo que sí queda a la vista es un patrón más ancho: una organización que, según esa versión, buscó protección fuera de México; un expediente estadounidense que ya tiene a Maduro en una cárcel de Nueva York; y un estado, Sinaloa, donde la ruptura del cártel se midió en homicidios, armas y decomisos. La distancia entre esas tres cosas es la que debe mantenerse. Mezclarlas convierte una investigación en consigna. Separarlas permite ver el tamaño real del problema.
