POR RAY CARDENAS 

El caso Paula y la justicia que siempre llega después

Durante años nos han dicho que existen instituciones para proteger a las víctimas. Nos hablan de fiscalías especializadas, protocolos de actuación, perspectiva de género, órdenes de protección y acceso a la justicia. El discurso oficial es impecable. El problema aparece cuando ese discurso se encuentra con la realidad.

Y la realidad, una vez más, se llama Paula.

Más allá de los nombres, de los videos, de los comunicados y de la indignación que hoy domina las redes sociales, este caso exhibe algo mucho más grave: la profunda incapacidad del sistema mexicano para actuar cuando la violencia todavía puede detenerse.

Porque aquí no estamos observando solamente la denuncia de una mujer contra quien fuera su pareja. Estamos observando el resultado de años de omisiones, lentitud institucional y procedimientos que parecen diseñados para desgastar a las víctimas antes que para protegerlas.

Y es precisamente ahí donde debe centrarse la discusión.

Desde esta tribuna no corresponde condenar ni absolver a nadie. Para eso existen jueces, pruebas, procesos y tribunales. Lo que sí corresponde es analizar el comportamiento de las instituciones y preguntarnos por qué una mujer tuvo que recurrir a la exposición pública para conseguir la atención que debió recibir desde el primer momento.

¿Por qué las víctimas siguen encontrando más respaldo en la presión social que en los mecanismos legales?

¿Por qué la justicia mexicana parece reaccionar solamente cuando el escándalo se vuelve tendencia?

¿Por qué tantas mujeres tienen la percepción de que denunciar representa iniciar una carrera de obstáculos en lugar de acceder a protección?

Son preguntas incómodas, pero necesarias.

Porque el problema de fondo no es únicamente el presunto agresor. El problema es un sistema que con demasiada frecuencia llega tarde. Un sistema donde los expedientes avanzan más lento que el sufrimiento de las víctimas. Un sistema donde los recursos legales, las apelaciones, los amparos y los tecnicismos procesales terminan convirtiéndose en un laberinto que pocas personas pueden recorrer sin agotarse.

Y aquí es importante ser muy claros.

Defender los derechos de una víctima no significa renunciar al debido proceso. Exigir justicia no significa pedir linchamientos mediáticos. Quienes conocemos mínimamente el funcionamiento del derecho entendemos que la legalidad debe proteger tanto a las víctimas como a los acusados.

Pero una cosa es el respeto al debido proceso y otra muy distinta es utilizar la complejidad del sistema como refugio de la impunidad.

La verdadera discusión jurídica que deja el caso Paula debe llevarnos a reflexionar sobre la eficacia real de nuestras leyes. Porque de poco sirve tener códigos avanzados cuando las víctimas siguen sintiendo que están solas. De poco sirve multiplicar instituciones cuando la confianza ciudadana en ellas continúa deteriorándose.

Hoy muchos opinan desde la emoción. Otros desde la conveniencia política. Algunos más desde la especulación.

Yo prefiero hacerlo desde el análisis.

Y el análisis obliga a reconocer que este caso representa una oportunidad para discutir seriamente las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia. No desde la pasión de las redes sociales, sino desde el conocimiento jurídico, la experiencia institucional y el compromiso con la verdad.

La solidaridad con Paula debe ser absoluta como persona que afirma haber sido víctima de violencia y que merece protección, atención y acceso efectivo a la justicia. Pero también debe existir una exigencia firme para que las autoridades actúen con profesionalismo, objetividad y rigor legal.

Porque una sociedad madura no construye justicia a partir del ruido.

La construye a partir de instituciones que funcionen.

Y mientras sigamos dependiendo de los videos virales, de la presión mediática y de la indignación pública para activar a las autoridades, seguiremos confirmando una verdad incómoda: en México la justicia suele aparecer cuando el daño ya está hecho.

Y eso, más que un problema legal, es un fracaso del Estado.

Así las cosas pues…