POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN
Llegó noviembre y, con él, los altares, el pan de muerto, las flores de cempasúchil y los recuerdos de quienes se nos adelantaron. Es tiempo de recordar a los que ya no están, de ponerles una veladora, prepararles su comida favorita y, por qué no, dedicarles un pensamiento a quienes dejaron algo de sí en este mundo. Aunque, siendo honestos, algunos parecen empeñados en dejar más problemas que recuerdos.
Mientras todo esto ocurre, en estas fechas nos llegan noticias de dos Cuauhtémoc. El primero, aquel que contendió por la Presidencia de la República frente a Carlos Salinas de Gortari, en aquella elección de 1988 que pasó a la historia por el famoso apagón del sistema de cómputo, cuando Manuel Bartlett estaba al frente de la Comisión Federal Electoral. Aquel episodio que, para muchos, representa uno de los momentos más vergonzosos de la democracia mexicana. Ese Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, murió en estos días. El segundo Cuauhtémoc aparece en las noticias por razones bastante distintas. Presuntamente le habrían retirado la visa estadounidense y, para completar el cuadro, su esposa habría sido detenida en territorio norteamericano al intentar ingresar con una cantidad de dinero que, seguramente, no muchos de nosotros acostumbramos llevar en la bolsa para comprar el mandado. El detalle, según lo que ha trascendido, no sería precisamente tener dinero, sino no haber declarado una cantidad que, por su monto, estaba sujeta a esa obligación.
Y mientras unos recuerdan la democracia de 1988 y, otros descubren que las obligaciones migratorias y financieras, también aplican para quienes tienen cuentas bancarias bastante saludables, no menor resulta el escándalo que envuelve a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, a partir de los señalamientos y materiales videográficos que han circulado en distintos medios de comunicación respecto de presuntas irregularidades y relaciones con empresarios favorecidos mediante contrataciones públicas cuestionables.
Aquí conviene detenernos un momento, porque ahora resulta que aquello que en su momento parecía una preocupación exagerada, respecto de las amplias facultades que se concentraban en la presidencia del organismo, comienza a adquirir otra dimensión. Según las denuncias que han trascendido, se habrían autorizado adjudicaciones directas por cantidades millonarias en beneficio de empresarios cercanos a la funcionaria. Naturalmente, habrá que seguirse las respectivas líneas de investigación; pero lo verdaderamente interesante aquí es recordar que las advertencias sobre la concentración de poder y la falta de controles no surgieron de la nada, ya que es bien conocido que la transparencia se vuelve una exigencia indispensable cuando se trata de señalar al adversario, pero una molestia administrativa perfectamente prescindible cuando el cuestionamiento toca a los propios.
Y detengámonos aquí, porque no hace falta cruzar la frontera norte, ni acudir a las oficinas del INE para encontrar ejemplos de esa peculiar relación que nuestros gobernantes mantienen con la transparencia. Basta con asomarnos a Cuernavaca, la ciudad de la eterna brincadera -por los baches- donde, como hemos señalado en anteriores colaboraciones, pareciera que el actual cabildo y el presidente municipal consideran que informar a los ciudadanos es una cortesía opcional, no una obligación inherente al ejercicio del servicio público.
¿Por qué digo esto? Mire usted, amable lector, tenemos al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca -SAPAC-, un organismo que arrastra una situación financiera complicada, señalado durante años por malos manejos y administraciones que, lejos de resolver sus problemas estructurales, parecen haberse dedicado a heredárselos unas a otras. Un organismo que, además, cuenta actualmente con servidores públicos ocupando puestos de alto perfil en áreas cuya relación con su preparación profesional no tiene ninguna explicación más que la probable relación con la cúpula gobernante. Pero ése es otro asunto que algún día merecerá su propio espacio.
Ahora resulta que existe un proyecto para instalar más de 39 mil paneles fotovoltaicos, con el propósito de reducir el costo de la energía eléctrica que consume el organismo. La idea, en principio, suena bastante razonable. Después de todo, si el recibo de electricidad representa una carga importante para las finanzas, buscar alternativas para disminuirlo parece una decisión sensata. Incluso uno podría pensar que, con semejante ahorro, finalmente habría condiciones para mejorar el servicio, conseguir que el agua llegue regularmente y que se refleje en mejores tarifas o, cuando menos, en un servicio menos deficiente.
Pero, como suele suceder en esta ciudad, la realidad termina por arruinar el entusiasmo. Resulta que el cabildo aprobó el proyecto, pero, por lo que se ha hecho público, no parece contar con la información técnica, financiera y contractual suficiente para que los ciudadanos podamos conocer exactamente qué fue lo que aprobaron nuestros representantes. Y aquí comienza lo verdaderamente interesante: estamos hablando de más de 39 mil paneles solares, de una inversión que, por sus dimensiones, necesariamente representa cantidades millonarias y de un esquema que, según se ha informado, tendría una duración de veinte años.
¡Veinte años, amable lector! Dos décadas comprometiendo las finanzas de un organismo público, sin tener a la vista un expediente que permita conocer con claridad las condiciones de esa operación. Uno se pregunta: ¿quién va a pagar semejante instalación?, ¿qué ahorro se espera obtener?, ¿cuánto tendrá que pagar SAPAC mensualmente?, ¿qué sucede si el organismo incumple?, ¿qué garantías existen para proteger el patrimonio público?
Preguntas elementales, desde luego. Nada que no debiera estar resuelto antes de que un cabildo levante la mano para comprometer a una institución durante veinte años.
Se dice que no será una inversión a cargo de los contribuyentes, sino que una empresa privada colocará los equipos y, a cambio, recibirá una contraprestación mensual. ¡Qué maravilla! Hemos encontrado la fórmula para que las cosas no cuesten: que alguien más invierta y después le paguemos durante veinte años a cargo de la ciudanía, al respecto cabe recordar, que el SAPAC cuenta con facultades para determinar créditos fiscales líquidos en contra de sus usuarios, puede exigir el pago de sus servicios y emprender acciones de cobro, así de preocupante.
Frente a dicho escenario, resulta lógico cuestionarnos: si no se trata de una inversión pública directa, ¿por qué no conocemos las condiciones de esa contratación?, ¿quién es la empresa?, ¿cómo fue seleccionada?, ¿qué estudios respaldan la rentabilidad del proyecto?, ¿cuáles son las condiciones financieras y las obligaciones que asumirá SAPAC? porque no es lo mismo que una empresa financie la instalación y otra que el organismo público no tenga que pagarla -nada es gratis-, ya que la contraprestación mensual saldrá de algún lado y, hasta donde sabemos, SAPAC no cuenta con una máquina para fabricar dinero, aunque a veces pareciera que sus administraciones creen que los recibos de agua tienen propiedades mágicas, pero cuando se trata de explicar cómo comprometerá sus recursos durante las próximas dos décadas, la información parece convertirse en un bien escaso… como el agua que distribuyen o intentan distribuir.
Qué conveniente resulta la transparencia cuando se trata de cobrarle al ciudadano y qué complicado parece ser ejercerla cuando se trata de explicar cómo se gastará el dinero público.
Ahora bien, no se trata de estar en contra de la instalación de paneles solares. Todo lo contrario. Si el proyecto es viable, técnicamente correcto, financieramente conveniente y representa un ahorro real para SAPAC, sería absurdo oponerse a él. Lo que resulta cuestionable es que se pretenda obtener la aprobación de un proyecto de semejantes dimensiones sin que la ciudadanía conozca los elementos que permitan evaluar su conveniencia.
No vaya a ser que terminemos celebrando el ahorro de electricidad mientras descubrimos, veinte años después, que el verdadero negocio no estaba en generar energía, sino en cobrarla, y es que este episodio no aparece aislado. Se suma a otros asuntos que han caracterizado la relación de esta administración con la información pública. Recordemos lo ocurrido con la calle Santa Prisca la que se regaló o permutó, así como las obras actuales, que nos han dejado calles cerradas, baches, polvo, molestias y una ciudad que parece vivir permanentemente en obra negra. De esos trabajos sabemos que existe un recurso aprobado, que se está ejerciendo y que, según se ha explicado, debe utilizarse para evitar que se pierda. ¡Qué argumento tan extraordinario! Como si la existencia de un presupuesto fuera suficiente para justificar cualquier decisión, cualquier contrato y cualquier intervención urbana.
Pero ¿dónde están los contratos?, ¿dónde pueden consultarse los montos?, ¿cuáles son las empresas responsables?, ¿qué plazos se establecieron?. No parece que estemos pidiendo demasiado. No solicitamos conocer secretos de Estado, estrategias militares ni la fórmula de la Coca-Cola. Simplemente queremos saber qué hacen con los recursos públicos quienes tienen la obligación de administrarlos. Y es que, amable lector, hay algo particularmente preocupante en esta forma de gobernar: la ausencia de información termina por convertirse en una política de administración.
Por eso resulta inevitable recordar el caso de Guadalupe Taddei. Hoy algunos se muestran sorprendidos, mientras que en Cuernavaca pareciera que estamos frente a una versión municipal de la misma historia. No sabemos con precisión qué se contrata, bajo qué condiciones, cuánto costará finalmente, ni cuáles serán las consecuencias financieras de tales decisiones. Pero, eso sí, podemos estar tranquilos: nuestros representantes ya aprobaron lo necesario, ¡faltaba más!.
La transparencia no debería depender de la voluntad del gobernante ni de que algún periodista consiga un documento filtrado o un video incómodo. Es una obligación legal, política y ética. Y si alguien considera que hacer pública la información de sus decisiones representa un obstáculo para gobernar, quizá debería reconsiderar si entendió correctamente para qué fue elegido, quien nada debe, nada teme, y si todo está bien hecho, si los contratos son convenientes, ¿cuál es el problema de mostrar los documentos?
Llegó noviembre, amable lector y es tiempo de recordar a nuestros muertos, de visitar los panteones, de encender veladoras y de poner flores en los altares. Pero también es tiempo de reflexionar sobre los vivos, particularmente sobre aquellos que, los muy vivos desde sus oficinas públicas, parecen empeñados en dejar una herencia que entierra a nuestra ciudad y sus ciudadanos en un frio encuentro con la calaca.
