El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Fuentes del propio Departamento de Justicia confirmaron la indagatoria a la periodista Anabel Hernández.
En ese marco, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retuvo en un aeropuerto de Nueva York a Natalia Resende Moreira, esposa de Blanco, por transportar más de 10 mil dólares en efectivo sin declararlos, según confirmación de fuentes de la CBP al mismo medio. No consta, hasta ahora, un expediente judicial formal de detención y presentación ante juez.
La indagatoria estadounidense se suma a un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, elaborado en 2019 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del que Hernández afirma tener copia.
El documento vincula a Blanco con redes de la delincuencia organizada desde su periodo como alcalde de Cuernavaca (2015-2018) y durante su gubernatura (2018-2024). El mismo informe señala que al menos 17 de los 36 presidentes municipales del estado, más dos líderes de consejos municipales indígenas, mantenían nexos con grupos criminales en ese lapso. Varios pertenecían a Morena o a sus aliados.
Entre los colaboradores de Cuauhtémoc Blanco identificados en el reporte aparecen José Manuel Sáenz Rivera, entonces jefe de su oficina, relacionado con Gente Nueva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, e investigado en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos desvíos y lavado de dinero. También José de Jesús Guízar Nájera, subsecretario de Gobierno, con los mismos vínculos y trayectoria al lado de Blanco desde la alcaldía de Cuernavaca. Samuel Sotelo Salgado, quien ocupó la consejería jurídica y después la Secretaría General de Gobierno, y fungió como gobernador interino cuando Blanco pidió licencia, aparece igualmente vinculado a Gente Nueva. En 2018, en una de sus propiedades, fue detenido el narcotraficante César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”.
Uno de los señalados en el informe de Marina sigue en el aparato estatal. Mario Ocampo Campo, expresidente municipal de Puente de Ixtla, es actualmente secretario de Salud del gobierno de Margarita González Saravia. El documento lo ubica entre los alcaldes con nexos criminales durante el sexenio de Blanco.
La protección política ha sido constante. En 2022, el periódico El Sol de México publicó una fotografía en la que Blanco aparece con Raimundo Isidro Castro, alias “El Ray”, entonces líder regional del CJNG en Morelos; Irving Eduardo Solano Vera, alias “El Profe”, de Guerreros Unidos; y Homero Figueroa Mesa, alias “La Tripa”, del Comando Tlahuicas.
Cuauhtémoc Blanco respondió que se tomaba fotos con todo el mundo y desconocía la identidad de los presentes. Pese a esa imagen y al informe naval de 2019, Morena lo nominó como diputado federal plurinominal en 2024. Hoy ocupa el cargo con fuero. Un intento de desaforarlo en 2025, derivado de una denuncia de su media hermana por intento de violación, no prosperó.
Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco (octubre 2018-septiembre 2024) se registraron más de 6 mil homicidios dolosos en Morelos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El total representa un incremento de entre 84 y 88 por ciento respecto al sexenio anterior de Graco Ramírez, que cerró con alrededor de 3,347 casos. Fue el periodo más violento de la entidad en las últimas décadas.
Los feminicidios oficiales se ubicaron entre 200 y 250, con pico en 2024, año en el que Morelos ocupó los primeros lugares nacionales en tasa por cada 100 mil mujeres. Las extorsiones se dispararon de manera explosiva: pasaron de 24 carpetas en 2018 a más de 300 en 2024, un aumento superior al 800 por ciento y que en algunos cortes alcanza el 1,241 por ciento.
El informe de Marina ya circulaba en las áreas de seguridad federal (Sedena, Marina, Seguridad Pública y Fiscalía General de la República) y no derivó en acciones penales contra Cuauhtémoc Blanco ni contra los colaboradores señalados. La investigación estadounidense abre ahora una vía externa sobre un expediente que, en México, permanece cerrado por decisión política.
