El pasado jueves 28 de mayo, bajo el sol implacable del panteón Pedro Amaro en Jojutla, Morelos, la tierra volvió a entregar pruebas del horror. Durante la sexta intervención en la fosa común irregular que la propia Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) llenó de cadáveres hace años, peritos extrajeron un cráneo humano, un esternón y tres vértebras cervicales. Los restos fueron hallados sin embalaje adecuado y tratados como simples escombros forenses.

En el borde de la excavación, las mujeres de las colectivas de búsqueda observaron los huesos y exigieron lo mínimo para avanzar en la justicia: que esos fragmentos vitales tuvieran su propia carpeta de investigación. La respuesta del Estado fue un rotundo “no”.

Lo ocurrido ese día en Jojutla no es un simple debate técnico: es el retrato de la violencia institucional en México. Las autoridades morelenses insisten en usar la figura de la “carpeta masiva”, un expediente único donde se acumulan de forma indiscriminada cientos de fragmentos óseos. Al mezclar en un solo archivo partes de distintos cuerpos —como cráneos o vértebras— bajo el argumento de que “no cumplen con los criterios de viabilidad”, la Fiscalía construye una segunda fosa: la del papeleo.

Para las familias, la ecuación es brutal y está respaldada por antropólogos forenses: un cráneo es una persona; un esternón y tres vértebras cervicales también pueden corresponder a un individuo. Incluirlos en una carpeta compartida equivale a borrar su identidad para siempre y condenar su perfil genético al olvido. Es un doble entierro: primero los mataron y los arrojaron a la tierra; ahora el Ministerio Público los sepulta en el burocrático.

Este reclamo no es nuevo. Desde las primeras exhumaciones en 2017, las colectivas han advertido que las carpetas masivas se convierten en una máquina de impunidad. Según reportes de los propios colectivos y cobertura periodística local, en el panteón Pedro Amaro se han recuperado más de 400 restos humanos desde su descubrimiento en 2017, pero solo tres personas han sido plenamente identificadas.

Aquel jueves, cuando las observadoras exigieron abrir una carpeta independiente para el cráneo y las vértebras, la agente ministerial a cargo se negó. La funcionaria, que también participó en los trabajos de 2017, conoce el daño que provoca esta práctica. Ante la indignación de las buscadoras, pidió un “receso para deliberar” con los peritos, dilatando su responsabilidad.

La presión de las madres obligó finalmente a la Fiscalía a aceptar carpetas individuales para las partes vitales, pero el proceso estuvo lleno de irregularidades. Las propias colectivas tuvieron que corregir errores graves en el etiquetado, rotulado y embalaje de los restos, mientras el Ministerio Público observaba en silencio.

Cansadas de las negligencias, las buscadoras presentaron una queja formal ante la Visitaduría de la FGEM. El visitador se limitó a informar que enviaría “una tarjeta informativa” a sus superiores, sin asumir ninguna acción concreta.

Tres agentes ministeriales bastaron para frenar la justicia en Jojutla. Ante la revictimización constante, las colectivas han lanzado un ultimátum: exigen la presencia urgente del fiscal general, Fernando Blumenkron, este lunes en el panteón Pedro Amaro.