Por Otto Alberto Pérez

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha encontrado una fórmula eficiente para ocultar su fracaso: convertir la tragedia de los desaparecidos en un interminable trámite administrativo. Mientras los colectivos de búsqueda exigen verdad y justicia, la institución responde con métricas procesales y carpetas masivas que diluyen responsabilidades y sepultan, bajo montañas de papel, el derecho de las familias a recuperar a sus muertos.

Las exhumaciones que se realizan en el panteón municipal Pedro Amaro de Jojutla son el espejo más crudo del colapso del sistema de procuración de justicia en la entidad. En la sexta intervención, peritos extrajeron restos humanos tratados como escombros, mientras agentes del Ministerio Público se negaban a abrir carpetas individuales. 

El problema ya no es técnico: es político e institucional. La negativa sistemática a generar certidumbre jurídica revela una estrategia deliberada de desgaste.

El incidente del 28 de mayo no fue un incidente. Fue la expresión visible de una política de Estado. Las autoridades insisten en integrar los hallazgos en “carpetas masivas”, una práctica que borra la identidad individual de las víctimas y hace prácticamente imposible su restitución. Unir cráneos y vértebras de personas distintas en un mismo expediente no es un error administrativo: es la cancelación deliberada de la posibilidad de justicia.

Los números son elocuentes y demoledores. Nueve años después de iniciados los primeros trabajos de excavación, con alrededor de 400 cuerpos exhumados, la Fiscalía apenas ha logrado identificar y restituir tres identidades. Menos del uno por ciento. Esa tasa de fracaso no habla de dificultad técnica; habla de una maquinaria institucional diseñada para archivar, no para investigar.

El fiscal Fernando Blumenkron ha presumido un avance del 73 por ciento en las periciales practicadas a los fragmentos óseos. La cifra es un espejismo estadístico. Fotografiar, catalogar o embalar huesos no equivale a identificar personas, ni mucho menos a devolverles a sus familias. El procesamiento de evidencias se ha convertido en un sustituto retórico de la procuración de justicia.

La responsabilidad de esta parálisis no es difusa: recae directamente en la cadena de mando de la Fiscalía y el Ministerio Público. Cada retraso procedimental, cada consulta jerárquica innecesaria, acelera la degradación biológica de los restos y destruye la posibilidad de obtener perfiles genéticos útiles. 

Mientras tanto, las administraciones municipales y los funcionarios que permitieron o facilitaron estas fosas clandestinas siguen sin enfrentar consecuencias penales. El Estado protege a sus operadores y deja la carga de la supervisión y la denuncia en manos de las familias y los colectivos.

Esta crisis forense no solo perpetúa la impunidad. Se convierte, además, en una herramienta política de primer orden ante el próximo ciclo electoral. Sin contrapesos legislativos reales ni supervisión civil vinculante, la Fiscalía podrá exhibir sus porcentajes vacíos para simular eficacia y eludir el costo político de su inoperancia.

Una fiscalía que cuantifica inventarios de huesos pero renuncia a identificar a sus muertos ha abdicado de su función más elemental: garantizar el derecho a la verdad y a la dignidad de las víctimas.