Por Equipo En Resumen
El sistema de pensiones de Morelos no colapsó por azar ni por una crisis económica externa. Colapsó por un mecanismo institucional deliberadamente opaco: durante tres legislaturas consecutivas —la 53, la 54 y la 55—, el Congreso del Estado concentró la facultad discrecional de otorgar jubilaciones sin un órgano técnico independiente, sin aportaciones obligatorias y sin edad mínima de retiro. El resultado es un pasivo actuarial estimado en más de 91 mil millones de pesos, un padrón de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo que ya supera al de trabajadores en activo, y un rezago de cientos de expedientes que mantiene a adultos mayores en la incertidumbre jurídica.
Morelos es la única entidad federativa en la que una comisión legislativa —la de Trabajo, Previsión y Seguridad Social— conserva el monopolio de evaluar y proponer al pleno las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. A diferencia de 30 entidades que operan con institutos de pensiones o cuerpos técnicos, aquí la decisión reside en un órgano político. Ese diseño, heredado y no corregido por las legislaturas 53, 54 y 55, convirtió un derecho laboral en moneda de cambio.
El punto de quiebre se documentó al cierre de la LIII Legislatura (2015-2018). En sus últimas sesiones se aprobaron decenas de “pensiones doradas” a exfuncionarios y personas cercanas al poder, muchas de ellas basadas en constancias de servicio expedidas de manera exprés —algunas desde municipios como Puente de Ixtla o Jiutepec— que acreditaban antigüedades inexistentes o insuficientes. Casos emblemáticos como el de Jorge Michel Luna y Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretarios de Hacienda y Educación respectivamente, fueron posteriormente objeto de abrogación por la LIV Legislatura. Sin embargo, la deficiente técnica jurídica de esa abrogación —ausencia de garantía de audiencia— permitió que varios beneficiarios recuperaran los pagos mediante amparos, dejando intacta la carga financiera y un reguero de carpetas de investigación que aún no se resuelven con contundencia.
Los números confirman la dimensión del quebranto. Según el estudio actuarial citado por el propio Ejecutivo en junio de 2026, el valor presente de las obligaciones supera los 91 mil millones de pesos. En 2024 el gasto en pensiones del gobierno central y organismos descentralizados alcanzó 1,607 millones de pesos, cifra apenas 5.4 por ciento inferior al gasto en obra pública. De 2020 a 2022 las pensiones superaron sistemáticamente la inversión en infraestructura. Para 2027, de no mediar correcciones, el gasto pensionario podría igualar el de la nómina de personal activo. A enero de 2025, de 5,850 pensionados del gobierno central, 35 personas percibían más de 70 mil pesos mensuales, mientras 513 recibían menos de 5 mil. El tope de 600 salarios mínimos (167,280 pesos en 2025) no se ha actualizado desde 2013.
Las legislaturas 54 y 55 no revirtieron el modelo. A pesar de la evidencia pública de las pensiones irregulares y de los criterios reiterados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —que en múltiples controversias constitucionales ha invalidado decretos del Congreso de Morelos por imponer cargas presupuestales al Poder Judicial sin transferencias previas—, no se creó el instituto técnico ni se reformó a fondo la Ley del Servicio Civil para introducir edad mínima, aportaciones tripartitas o un tope realista. El resultado es un sistema que permite jubilaciones desde los 36 o 38 años con solo 18 o 20 años de servicio y hasta el 100 por ciento del último salario, generando obligaciones de pago que se extienden 35 o 40 años.
La creación del Instituto de Pensiones del Estado de Morelos y las modificaciones a la Ley del Servicio Civil se han convertido en imperativos técnicos, no en opciones políticas. El instituto es la vía para transferir la administración a un órgano con consejo técnico, reservas actuariales y criterios homogéneos, alineado con las exigencias de sostenibilidad que la SCJN y la supervisión federal del IMSS han impuesto a las entidades. Cualquier retraso prolonga el riesgo de judicialización masiva: miles de adultos mayores obligados a litigar por la certeza de un derecho ya adquirido.
En el Congreso, las voces registradas reflejan la tensión y la inercia. El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, declaró el 12 de julio que el Instituto de Pensiones “ha generado tanto ruido”, pero “considero difícilmente saldrá para este período”. Añadió que se discutirá “hacia adelante”, “siempre tomando en cuenta a todos los sectores y a los involucrados”. La declaración confirma lo que los hechos ya anticipaban: no habrá Instituto en este periodo ordinario. La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, ha subrayado que “el grupo parlamentario considera indispensable que cualquier modificación al sistema pensionario brinde certeza jurídica y se construya mediante el diálogo con todos los sectores involucrados”. Las posturas críticas de la diputada Andrea Gordillo Vega, por su parte, se han expresado de manera individual y no constituyen la posición institucional del Pleno.
La movilización convocada por sindicatos y jubilados para el 14 de julio en Cuernavaca no es un reclamo aislado: es la expresión de un patrimonio laboral que se percibe amenazado por la ambigüedad y el hermetismo con el que se ha manejado la transición. El patrón histórico es claro. Mientras las decisiones pensionarias permanecieron en manos de comisiones legislativas sin contrapeso técnico, el erario se hipoteca. La opacidad en el diseño de los textos definitivos y la ausencia de mesas de trabajo con bases documentales abiertas son el eco de las omisiones de las tres legislaturas anteriores.
Los estudios actuariales, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el comportamiento del gasto público coinciden en un mismo punto: la creación del Instituto de Pensiones del Estado de Morelos y la reforma de fondo a la Ley del Servicio Civil constituyen la única vía documentada para detener el crecimiento del pasivo y eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de jubilaciones. Mientras esa reingeniería no se materialice, el erario continuará absorbiendo las consecuencias de las pensiones irregulares heredadas de las legislaturas 53, 54 y 55, y los trabajadores de base seguirán enfrentando rezagos, litigios y la incertidumbre sobre un derecho laboral ya consolidado. El costo de las omisiones de tres legislaturas ya está contabilizado en 91 mil millones de pesos y en un padrón de pensionados que supera al de activos.
