EL EXFISCAL Y LA MUJER QUE PERDIÓ UNA PIERNA
Por Daniel Alcaraz
Hay historias que revelan con brutal claridad cómo opera el poder cuando deja de servir a la justicia y comienza a utilizarla como escudo. La que hoy enfrenta Ulises Lara López en los tribunales de Morelos es una de ellas.
El exfiscal de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) volvió a quedar bajo el escrutinio público después de presentar su “renuncia”. Su salida se produjo apenas unos meses después de haber asumido el cargo y en medio de nuevos cuestionamientos sobre su actuación.
Pero el problema más grave que enfrenta Ulises Lara no está únicamente en la polémica nacional por su “renuncia” ni en los señalamientos que desde hace años acompañan la forma exprés y profundamente cuestionada en que obtuvo el título de licenciado en derecho y hasta un supuesto doctorado que le permitieron asumir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El caso más delicado se encuentra en Morelos.
Isabel Chávez Mónica afirma haber trabajado desde 2010 hasta 2022 como empleada doméstica en una propiedad de aproximadamente dos mil metros cuadrados que Ulises Lara adquirió en el municipio de Jojutla. Durante ese periodo, según su demanda, realizó labores de limpieza, cuidado y mantenimiento del inmueble.
Mientras limpiaba y daba mantenimiento al área de la alberca, un alambre oxidado se le enterró en el pie derecho y la herida se infectó. La trabajadora sostiene que no contaba con seguridad social porque su empleador nunca la incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La infección avanzó hasta que los médicos del Hospital General de Jojutla tuvieron que amputarle la extremidad. Isabel Chávez asegura que llegó al hospital por sus propios medios, sin respaldo de quien durante años se benefició de su trabajo. Cuando recibió el alta médica, afirma que fue despedida.
La mujer perdió una pierna después de sufrir un accidente mientras realizaba las labores para las que había sido contratada y, ahora, reclama que se reconozca una relación laboral que Ulises Lara niega. Por ello, la trabajadora inició dos procedimientos judiciales.
El primero quedó radicado ante el Segundo Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Morelos bajo el expediente 198/2024.
El segundo fue presentado ante el Tribunal Laboral del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos con el número de expediente ORD-69-2023.
Este último procedimiento fue resuelto inicialmente en favor de Ulises Lara bajo el argumento de que no conocía a la trabajadora. Isabel Chávez impugnó la determinación y promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca.
El órgano jurisdiccional está integrado por los magistrados Silvia Carrasco Corona, Carlos Anuar Jaimes Torres y Maricela Velázquez Sánchez.
Es precisamente en esta etapa donde el asunto adquiere una dimensión todavía más grave.
Isabel Chávez sostiene que el Tribunal Colegiado ya contaba con un proyecto de resolución favorable a sus intereses, elaborado por el magistrado Carlos Anuar Jaimes Torres. Según la información que le fue comunicada, el proyecto reconocía elementos suficientes para revocar la decisión que había beneficiado a Ulises Lara.
La trabajadora afirma que aquel proyecto fue retirado antes de ser discutido y votado. También señala que Ulises Lara habría utilizado las relaciones construidas durante su estancia como representante de la Fiscalía General de la República en Morelos para presionar a los magistrados y evitar una sentencia en su contra.
La acusación es directa. Isabel Chávez habla de presunto tráfico de influencias, abuso de poder y presión sobre quienes deben resolver su juicio.
Corresponde a las autoridades investigar y determinar si existió alguna intervención indebida. Pero los magistrados tampoco pueden ignorar la gravedad de un señalamiento que involucra la independencia del propio tribunal.
El Poder Judicial debe explicar por qué un proyecto que presuntamente se encontraba listo para ser discutido fue retirado de la sesión. Debe aclarar si su contenido fue modificado, quién ordenó su aplazamiento y cuáles fueron las razones jurídicas para impedir que fuera votado en los términos originalmente planteados.
La “renuncia” de Ulises Lara a la Fiscalía de Asuntos Relevantes no puede convertirse en una puerta de salida para evadir el escrutinio público. Al contrario, elimina cualquier pretexto para que el expediente continúe detenido o termine resolviéndose bajo la sombra de su antigua influencia.
Los magistrados Silvia Carrasco Corona, Carlos Anuar Jaimes Torres y Maricela Velázquez Sánchez tienen frente a ellos la responsabilidad de demostrar si la justicia puede actuar con independencia cuando el demandado es un hombre que formó parte de las estructuras encargadas de investigar y perseguir delitos.
También deben resolver si una trabajadora que perdió una pierna tendrá acceso a la justicia, toda vez que Isabel Chávez no está pidiendo un favor. Está exigiendo que los tribunales analicen las pruebas, reconozcan sus derechos y resuelvan conforme a la ley.
El expediente ORD-69-2023, el procedimiento federal 198/2024 y el juicio de amparo que actualmente conoce el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito ya no representan únicamente una controversia judicial.
Representan una prueba para el Estado de derecho.
De un lado está un exfiscal rodeado de cuestionamientos; del otro, una mujer que perdió una pierna, que afirma haber trabajado durante 12 años sin seguridad social y que sigue esperando justicia.
Los magistrados decidirán cuál de esas dos realidades pesará más.
