Cuando el poder no respeta: la violencia de género que ensucia a Morena
Bertha Castañeda
Se supone que quienes llegan al gobierno deben servir, dar ejemplo y defender los derechos de todas las personas. Pero en las filas de Morena, el partido que prometió transformar la política, hay una lista creciente de figuras señaladas por ejercer violencia contra mujeres: física, psicológica, económica, sexual o política. Lo más indignante no son solo las acusaciones, sino cómo muchas veces se usan los cargos, la inmunidad y las maniobras legales para quedar impunes. Aquí te contamos los casos más graves y vigentes.
Cuauhtémoc Blanco: impunidad de la patada
El exgobernador de Morelos es, sin duda, el caso más escandaloso y representativo de cómo el poder protege a los violentadores. Las acusaciones en su contra son muy serias: desde tentativa de violación, denunciada por su propia media hermana, hasta agresiones físicas a su esposa Natalia Rezende, que quedaron registradas en grabaciones donde ella pide auxilio a sus escoltas.
El 1 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero, alegando que el expediente tenía deficiencias técnicas. Con esa decisión, le permitieron conservar su inmunidad constitucional y seguir sin responder ante la justicia. Pero no todo quedó así: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya confirmó que Blanco cometió violencia política de género contra la exdiputada Juanita Guerra Mena, ordenando su inscripción en el registro nacional de sancionados.
A pesar de todo, sigue en funciones, sus investigaciones siguen abiertas y sufre rechazo social cada vez que aparece en público. Es una muestra clara de que, para algunos, el cargo vale más que la justicia.
Ulises Bravo: tirar el golpe, esconder la mano… y acusar “persecución”
Medio hermano de Cuauhtémoc Blanco y exdirigente estatal de Morena en Morelos, Ulises Bravo enfrenta un proceso penal por violencia familiar en agravio de su expareja Liu León Luna. Pero en lugar de responder por los hechos, él grita que es víctima de “persecución política” y acusa a la gobernadora Margarita González Saravia de intervenir en su caso.
Bravo asegura que no fue notificado formalmente cuando se revocó el auto que lo protegía, y denuncia filtración de información. Sin embargo, la mandataria le respondió con claridad: “no tiene calidad moral” para criticar su gobierno, porque debe resolver primero sus asuntos judiciales personales.
Ahora él recurrirá las resoluciones, pero lo que queda claro es que intenta convertir un caso de violencia en una pelea política para desviar la atención de lo que realmente importa: la denuncia de su expareja.
Ricardo Monreal: violencia disfrazada de orden interno
El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados también está en la lista. La legisladora Selene Ávila Flores lo acusó públicamente de violencia política en razón de género, junto con Pedro Haces.
Ávila contó que, a pesar de estar invitada oficialmente y cubrir sus propios gastos, Monreal le negó el registro para asistir a un foro internacional en Ginebra, solo por tener opiniones distintas a las de la dirección del partido. “No soy florero”, dijo la diputada. Esta práctica —callar, excluir y marginar a las mujeres que piensan diferente— es también violencia, y es muy común en la política actual.
Víctor Rodríguez Padilla: violencia en casa y negocios turbios
El exdirector de Pemex ya tiene una orden de prisión preventiva por violencia familiar y vicaria contra su esposa e hijo menor de edad. Pero mientras se enfrenta a esa causa, acaba de ser señalado por adjudicar un contrato de más de 4 mil 838 millones de pesos sin licitación pública, justificándolo con temas de seguridad nacional.
Las empresas beneficiadas no tienen oficinas visibles en su domicilio declarado y hay vínculos políticos que levantan sospechas. Aquí vemos el mismo patrón: usar el poder para agredir en casa y beneficiarse en lo público.
Gerardo Fernández Noroña: atacar para desacreditar
El senador y expresidente de la Cámara Alta fue sancionado por el Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
El fallo indica que Noroña, con sus declaraciones, no debatió ideas, sino que atacó su vida personal y su imagen solo para desacreditarla como mujer servidora pública. La propia alcaldesa denunció además que fue humillada e intimidada durante una visita al Senado. Quien usa sus palabras para agredir, no representa a nadie.
Enrique Inzunza Cázarez: más de un frente en su contra
El senador de Sinaloa no solo es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado desde Estados Unidos. También enfrenta denuncias de acoso sexual, hostigamiento y violencia institucional interpuestas por la jueza Ana Karina Aragón, quien asegura que los abusos empezaron cuando él presidía el Poder Judicial de su estado. Las acusaciones datan de años atrás y siguen sin resolverse.
…y aún hay más: casos que no se pueden ignorar
Hay más nombres que confirman que este problema no es aislado:
José Antonio García (“Pepe Toño”): Exdiputado acusado por su esposa de violencia familiar, amenazas y bigamia.
Osvaldo Cortés Contreras: Diputado del Estado de México, a quien la legisladora Claudia Garfias señala como responsable intelectual de su agresión física y sexual.
Jaime Castillo: Exsecretario de Juventud de Morena en Zacatecas, suspendido por golpear a una conductora en plena calle.
Ernesto Prieto Gallardo: Diputado federal acusado de abuso sexual, amenazas y deudor alimentario; su propia víctima dice que el partido lo protege por su voto.
Espejito, espejito ¿cuál es tu veredicto?
La violencia de género no entiende de ideologías ni de banderas. Que tantas figuras de un partido que presume defender a las mujeres estén señaladas, y que muchas veces salgan libres o sin sanciones reales, es lo más indignante. Mientras el poder sirva para proteger a los agresores, la transformación será solo un discurso vacío.
