Por Jazmín López
Hay frases que no deberían existir en un Estado que asegura proteger a las mujeres.
«Me rindo. Las autoridades me fallaron.» Con esas palabras, Paula Fajardo anunció que deja de buscar justicia. No porque haya encontrado paz, sino porque el desgaste, la indiferencia institucional y el abandono terminaron por vencerla. Su caso conmovió al país. Los videos donde denunció la violencia que sufrió recorrieron las redes sociales, las autoridades prometieron acompañamiento y se habló de acciones inmediatas. Sin embargo, el tiempo demostró una realidad distinta: una mujer que hizo todo lo que el sistema le pidió terminó convencida de que estaba sola.
Paula no fue derrotada únicamente por su agresor. Fue derrotada por un sistema que le prometió protección y terminó fallándole. Su mensaje no representa solo una historia personal; refleja el sentimiento de miles de mujeres que descubren que denunciar no siempre significa obtener justicia, protección o reparación del daño.
La violencia contra las mujeres no concluye cuando una denuncia llega a una Fiscalía. Es precisamente ahí donde comienza la verdadera responsabilidad del Estado: garantizar seguridad, seguimiento, acceso efectivo a la justicia y atención integral para las víctimas. Cuando eso no ocurre, la violencia institucional se convierte en una segunda agresión.
Mientras Paula anunciaba que renunciaba a su lucha, Morelos continuó sumando hechos que recuerdan la gravedad de la violencia feminicida. En el municipio de Ayala fue localizada una mujer sin vida con huellas de violencia y disparos en la cabeza. Un día después, otra mujer fue encontrada sin vida a un costado de la carretera Jojutla-Tlaquiltenango. Dos casos más que evidencian que las instituciones siguen reaccionando después de los hechos, en lugar de prevenirlos.
Ante este panorama, resulta inevitable cuestionar qué tan efectivas son las políticas públicas destinadas a proteger a las mujeres. Su éxito no puede medirse por el número de campañas, conferencias o discursos oficiales, sino por la capacidad de evitar que una mujer sea asesinada, de brindar protección oportuna y de generar confianza en las víctimas para que continúen sus procesos.
Hoy esa confianza está profundamente fracturada. Muchas mujeres enfrentan denuncias interminables, revictimización, medidas de protección insuficientes y una burocracia que les exige una fortaleza extraordinaria para acceder a un derecho que debería estar garantizado. Esa también es una forma de violencia.
El problema no radica únicamente en la impunidad, sino en la falta de políticas públicas eficaces que aseguren prevención, atención, protección y seguimiento real. No basta con crear instituciones si éstas carecen de recursos, personal especializado, coordinación y mecanismos que permitan evaluar si realmente están salvando vidas.
Paula escribió que dejaba su lucha en manos de Dios porque ya no podía cargar sola con ese peso. Pero esa carga nunca debió recaer únicamente sobre ella. Era responsabilidad del Estado.
Mientras sigamos leyendo mensajes de mujeres que dicen «me rindo» y mientras los feminicidios continúen acumulándose sin que existan respuestas preventivas efectivas, la deuda con las mujeres seguirá creciendo. Porque cuando una víctima pierde la esperanza en las instituciones, no fracasa ella.
Quien vuelve a fallar es el Estado.
