Por Equipo #EnResumen

La duodécima edición de la Caminata por la Paz, realizada este sábado en Cuernavaca, consolidó a la Iglesia católica como un actor político de primer orden en la agenda de seguridad de Morelos. La movilización, que congregó a más de ocho mil personas vestidas de blanco, fue encabezada por el obispo de la Diócesis de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro. 

A un año del inicio de los procesos electorales, el evento superó el carácter de una manifestación de fe para transformarse en un escrutinio directo a los resultados de la administración estatal, encabezada por Margarita González Saravia, y a las políticas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El posicionamiento central del episcopado se articuló a través de la confrontación sistemática de las cifras oficiales. Durante su discurso en el atrio de la Catedral de Cuernavaca, Castro Castro desestimó los reportes gubernamentales sobre la disminución de la incidencia delictiva, calificándolos como “narrativas falsas” y “estadísticas maquilladas”. 

Al afirmar que el 90 por ciento de los habitantes mantiene temor de transitar por las calles, el jerarca católico posicionó a la Iglesia como una entidad auditora de la realidad social, capaz de desafiar el monopolio de la información del Estado. En este contexto, el prelado sentenció que “mentir sobre la realidad también es una forma de violencia”, trasladando la responsabilidad de la crisis de seguridad a la omisión gubernamental.

Para sustentar la exigencia de un cambio en la estrategia, el presidente de la CEM expuso el colapso del control territorial por parte de las autoridades a través de casos documentados por las parroquias locales. El obispo reveló que en la comunidad de Huautla, municipio de Tlaquiltenango, las organizaciones criminales han implementado el cobro de cuotas a los ciudadanos por el simple hecho de habitar sus viviendas. 

La crisis en esta zona obligó a la salida del párroco Rutilo Virgilio tras recibir amenazas de muerte. La exposición de este hecho evidencia la retracción de las instituciones estatales frente al avance de grupos delictivos que, de acuerdo con el propio Castro Castro, ya no solo buscan controlar territorios, sino instituciones enteras.

La intervención de la jerarquía católica en el debate público se extendió al cuestionamiento de los mecanismos de protección del Estado. El obispo documentó el asesinato de la activista Sandra Rosa Camacho, perpetrado el 26 de marzo en el municipio de Temoac. El caso fue expuesto como un fallo sistémico, ya que la víctima había denunciado previamente las redes de extorsión ante la titular del Ejecutivo estatal sin recibir medidas cautelares efectivas. 

La mención de este homicidio sirvió para ilustrar la vulnerabilidad de los liderazgos sociales y la incapacidad institucional para garantizar el ejercicio de la denuncia ciudadana, reforzando la premisa eclesiástica de que el gobierno ha abandonado a la población.

Aunque Castro Castro aseguró en su mensaje que la marcha carecía de motivaciones partidistas y no buscaba la confrontación con las autoridades, la estructura del discurso y el despliegue territorial demuestran una intencionalidad política clara. 

Al presentar un diagnóstico donde Morelos lidera a nivel nacional en percepción de inseguridad, feminicidios y violencia política, y ocupa la décima posición en reclutamiento de menores por el crimen organizado, el episcopado asume el rol de una oposición estructurada. 

La presentación de cinco compromisos para enfrentar la crisis —que incluyen colocar a las víctimas en el centro de las decisiones públicas y organizar a la ciudadanía— constituye un programa de acción que compite con la agenda gubernamental.

La movilización en Cuernavaca marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el religioso en la entidad. La Iglesia, bajo el liderazgo del presidente del Episcopado Mexicano, utiliza su capacidad de convocatoria y su presencia territorial para incidir directamente en el diseño de las políticas de seguridad. 

A doce meses de que la entidad entre en una nueva dinámica electoral, la jerarquía católica ha establecido un precedente de presión institucional, demostrando que posee la fuerza organizativa para cuestionar la legitimidad de la estrategia gubernamental y exigir tácitamente modificaciones estructurales en la estrategia de la seguridad pública.