Por Otto Alberto Pérez

La Iglesia católica en Morelos se ha consolidado como el principal actor opositor frente a la crisis de seguridad. Sin embargo, su activismo actual omite la responsabilidad que le corresponde en la configuración del colapso institucional que hoy denuncia.

La Caminata por la Paz realizada recientemente en Cuernavaca marcó un punto de inflexión: cruzó la línea que separa la movilización ciudadana de la intervención política directa. 

A doce meses del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, la diócesis de Cuernavaca, bajo la dirección del obispo Ramón Castro Castro, abandonó su posición institucional de neutralidad para ocupar el vacío dejado por la oposición partidista y disputar la agenda de seguridad del Estado.El fenómeno va más allá de la coyuntura electoral: refleja una reconfiguración del poder en un territorio donde el crimen organizado ha rebasado la capacidad estatal.

La intervención eclesiástica tiene una base material concreta: el deterioro verificable de la seguridad pública. Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se registraron 4,268 homicidios dolosos. Las parroquias reportan cobros de piso en comunidades como Huautla y casos emblemáticos como el asesinato de la activista Sandra Rosa Camacho tras denunciar extorsiones. Ante estos datos, el obispo ha confrontado de manera directa la narrativa de los tres niveles de gobierno y las estrategias de la actual gobernadora Margarita González Saravia.

El análisis estructural del caso es claro: Castro Castro ejerce un activismo de oportunidad estratégica. Utiliza la tribuna episcopal no solo para fiscalizar el desempeño gubernamental, sino para articular un programa de acción que canaliza el descontento ciudadano hacia un voto de castigo organizado. Al promover el discurso de la pacificación ciudadana, la jerarquía diocesana incurre en una omisión selectiva respecto de su propio papel histórico en la consolidación del régimen que ahora critica.

La argumentación de la diócesis se sustenta en contrastes estadísticos consistentes. Al destacar incrementos nacionales del 52 % en homicidios y del 34 % en extorsiones, el prelado cuestiona la validez de los informes oficiales, despojando al gobierno del monopolio de la información pública y otorgando a la marcha un carácter de rendición de cuentas ciudadana.

No obstante, esta crítica choca con el registro histórico reciente de la entidad. En julio de 2017, la Iglesia organizó la “Marcha por Morelos” junto al entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco, contribuyendo de hecho a impulsar su candidatura a la gubernatura. Ese respaldo contrasta con el silencio mantenido posteriormente ante evidencias como la fotografía de 2022 en la que el exgobernador aparece junto a líderes criminales dentro de una parroquia en Yautepec.

Desde la sociología política, el ascenso de la diócesis como actor fiscalizador responde a una dinámica estructural previsible: cuando el Estado pierde el control territorial efectivo, la sociedad busca mecanismos alternos de protección y representación. 

Ante la inoperancia de las instituciones de procuración de justicia y la vulnerabilidad que facilita el reclutamiento criminal de menores, instituciones con arraigo histórico como la Iglesia ocupan los espacios vacíos de autoridad. El hartazgo ciudadano requiere canales de expresión masiva, y la diócesis ofrece en la actualidad la única estructura capaz de convocar multitudes sin el desgaste reputacional propio de los partidos tradicionales.

Esta dinámica modifica el mapa de fuerzas en la entidad. Al monopolizar la expresión de la indignación y convocar asambleas de acción social, la jerarquía católica desplaza a la oposición formal y demuestra una superioridad operativa evidente. El resultado es una contienda electoral en la que la operación política se desplaza hacia los atrios, con compromisos de seguridad eclesiásticos que compiten de facto por definir las políticas públicas.

La consolidación de la Iglesia como maquinaria electoral no declarada pone en evidencia la fragilidad de los contrapesos laicos en Morelos. El uso del daño colectivo como palanca política anticipa comicios condicionados por lógicas corporativas amparadas en la fe. 

Mientras el escrutinio público no alcance a los actores que contribuyeron a la configuración del desastre anterior, estos mantendrán la capacidad de orientar el voto y perpetuar un esquema de impunidad intermitente.