Por Carolina Ruiz Rodríguez *

El endurecimiento de las políticas antiinmigrantes por parte del gobierno de los Estados Unidos está muy lejos de detener el flujo migratorio. Por el contrario, lo ha transformado en un fenómeno más costoso, más violento y, sobre todo, más riesgoso para quienes no tienen otra opción que abandonar su lugar de origen para buscar el llamado “sueño americano”.

El cierre de fronteras y la creciente militarización no han eliminado la migración; la han empujado hacia rutas más peligrosas y hacia las manos de redes criminales que lucran con la desesperación. Hoy, migrar no solo implica dejar atrás a la familia, sino también enfrentar extorsiones, robos, violencia y, en muchos casos, la muerte.

Hace apenas cinco años, cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos podía costar, en promedio, hasta 300 mil pesos a través de los llamados “coyotes”. Hoy, el precio ha escalado hasta los 70 mil dólares —cerca de un millón 200 mil pesos por persona—, una cifra que evidencia cómo el negocio del tráfico de personas se ha sofisticado y encarecido al amparo de políticas restrictivas.

Si bien el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos ha disminuido, las redes de tráfico de personas —muchas de ellas vinculadas a la delincuencia organizada— continúan operando con mayor alcance y crueldad.

Un caso reciente lo ilustra con crudeza. Este pasado 11 de mayo se dio a conocer la condena de Ofelia Hernández Salas, originaria de Guerrero, conocida como “Doña Lupe”, acusada de tráfico de personas en Estados Unidos. Detenida en marzo de 2023 en Baja California y posteriormente extraditada, fue sentenciada a 11 años de prisión tras declararse culpable ante un tribunal federal en Arizona.

A “Doña Lupe” se le atribuye haber facilitado el cruce ilegal de miles de personas, aunque judicialmente se acreditó el tráfico de más de un centenar de migrantes. Entre sus víctimas había personas provenientes de Asia, África y América Latina, lo que revela la dimensión global de estas redes.

Las investigaciones señalan que su organización operaba desde 2018 con la protección del Cártel de Sinaloa. Su modus operandi incluía el traslado de migrantes a casas de seguridad en Mexicali, para posteriormente guiarlos por rutas desérticas hacia California. Escaleras improvisadas sobre el muro, túneles clandestinos y cruces sobre canales formaban parte de un sistema que, lejos de ser improvisado, funcionaba con precisión criminal.

Además, la red falsificaba documentos para facilitar el tránsito de migrantes dentro de México, gestionaba su hospedaje y coordinaba su traslado hasta la frontera. Todo, por supuesto, a cambio de sumas exorbitantes.

Pero quizá lo más alarmante es la manera en que estas organizaciones han ampliado sus redes de reclutamiento.

El caso de Humberto Cruz, una joven promesa del béisbol que hacía pruebas para jugar con los Padres de San Diego, es revelador. Con apenas 19 años, fue detenido en octubre de 2025 en Arizona por transportar a dos personas en situación migratoria irregular. Había sido contactado a través de redes sociales y aceptó participar a cambio de mil dólares por persona, que le ayudarían a enfrentar su inactividad a causa de una lesión.

Hoy, su carrera deportiva está en suspenso: perdió su visa de trabajo y espera una posible condena de hasta 10 años de prisión.

Este caso no es aislado. Las redes de tráfico de personas están reclutando a estudiantes, madres de familia, conductores de aplicaciones, artistas e incluso a miembros de corporaciones de seguridad. La migración irregular ya no solo es un drama humanitario: es también un engranaje criminal que se expande y se adapta.

Frente a este panorama, es indispensable replantear el enfoque. La migración no puede seguir tratándose únicamente como un problema de seguridad. Es, ante todo, un fenómeno social, económico y humano que requiere soluciones integrales, cooperación internacional y políticas que pongan en el centro la dignidad de las personas.

Porque mientras migrar siga siendo una necesidad, siempre habrá quien esté dispuesto a cobrar —cada vez más caro— por convertir esa necesidad en un riesgo mortal.

* Diputada local, presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes del H. Congreso del Estado de Morelos.