Por Equipo #EnResumen

La estrategia de seguridad del Gobierno de Morelos, centrada en la intervención territorial y la regulación de giros comerciales, enfrenta su principal obstáculo en los ayuntamientos. 

Mientras las autoridades estatales y federales realizan operativos conjuntos para prevenir delitos, alcaldes de Ayala, Cuernavaca, Temixco, Cuautla y Emiliano Zapata evaden responsabilidades, minimizan la incidencia delictiva o enfrentan señalamientos e investigaciones por presuntos nexos con grupos criminales.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad mantiene un despliegue operativo continuo. Los días 17 y 18 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Protección Civil, Instituto Nacional de Migración, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina inspeccionaron establecimientos nocturnos en varios municipios.

El resultado: 16 negocios clausurados por irregularidades en licencias (seis en Ayala, cuatro en Yautepec, cuatro en Emiliano Zapata y dos en Jiutepec). En Cuautla se revisaron 39 locales y se emitieron exhortos para el cumplimiento de horarios.

Estas acciones contrastan con la actitud de varios ayuntamientos. En Ayala, donde el operativo estatal clausuró seis establecimientos, la madrugada del 18 de abril un comando armado irrumpió en el bar “El Rincón de la Banda”, en Anenecuilco, durante su inauguración, dejando un saldo de ocho muertos (siete hombres y una mujer). El lugar operaba sin licencia municipal. 

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, pidió explícitamente a los alcaldes asumir su responsabilidad en la regulación de estos espacios. La alcaldesa Nayeli Mares Mérida respondió con un comunicado en el que se deslindó de los hechos, argumentando que el bar carecía de permisos y que el ayuntamiento no ha otorgado nuevas licencias desde enero.

En Emiliano Zapata, donde el operativo sumó cuatro clausuras, la inacción se acompaña de señalamientos graves. Autoridades retiraron una narcomanta atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación dirigida al alcalde Santos Tavárez, en la que se le acusa de vínculos con una organización delictiva de Michoacán y de facilitar el cobro de extorsiones. Hasta ahora, el ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el contenido del mensaje.

En Cuernavaca, la capital, la dinámica de evasión es similar. Según el Reporte Anual 2025 del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Cuernavaca ocupa el primer lugar estatal en homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. 

Tras un asalto múltiple con arma de fuego en el estacionamiento de un supermercado, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado declaró que la seguridad al interior de los comercios es responsabilidad de las empresas privadas. Respecto al turismo internacional, minimizó el impacto de la inseguridad, el comercio informal y la basura, priorizando la oferta cultural.

En la región oriente, Cuautla lleva el problema a nivel federal. El municipio registra la mayor incidencia de extorsión en el país, con 236 carpetas de investigación entre enero y noviembre de 2025. Operativos recientes derivaron en la detención de dos hombres armados en vehículos oficiales del ayuntamiento, uno de ellos con credencial de inspector municipal. 

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al alcalde Jesús Corona Damián tras la difusión de imágenes que lo relacionan con un presunto líder regional del Cártel de Sinaloa. 

En Temixco, el gobierno de Israel Piña reporta 103 homicidios dolosos acumulados durante 2025, atribuidos a disputas por el control territorial.

El despliegue estatal y federal marca una ruta de contención de la violencia mediante el ordenamiento territorial. Sin embargo, la falta de supervisión preventiva, la omisión de los ayuntamientos y las posibles infiltraciones en sus estructuras neutralizan estos esfuerzos.

Para que la estrategia de seguridad en Morelos avance, es indispensable que las administraciones municipales asuman las facultades que la Constitución les otorga y establezcan una coordinación obligatoria y efectiva con los gobiernos estatal y federal.