La asimetría del Estado mexicano frente a los feminicidios de Ariadna Fernanda (2022) y Edith Guadalupe Valdés (2026) desnuda una captura institucional profunda. Mientras en 2022 el Gobierno federal y la entonces fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, movilizaron todos los recursos para procesar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por presunto encubrimiento, hoy el mismo aparato blinda —por omisión— a la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, hermana de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

La procuración de justicia ha dejado de ser un servicio público imparcial para convertirse en un instrumento de control político: arma contra adversarios y escudo protector de la cúpula gobernante. La aplicación de la ley ya no responde al Código Penal, sino a la consanguinidad partidista y al cálculo de costos políticos.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, salió el 15 de abril de su casa en Iztapalapa rumbo a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez. Tomó un mototaxi de aplicación y desapareció. Su familia acudió de inmediato a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Ahí les impusieron el plazo de 72 horas, sugirieron que “quizá se fue con el novio” y, según denuncias reiteradas, les pidieron dinero para agilizar la búsqueda.

Los familiares no esperaron. Recorrieron calles, obtuvieron videos de cámaras cercanas, identificaron el edificio en Avenida Revolución 829 y presionaron hasta bloquear la vialidad. Solo entonces, cuando el caso explotó en medios y redes, la Fiscalía actuó: encontró el cuerpo de Edith embolsado en el sótano del inmueble. Horas después emitió un comunicado que atribuía la localización a sus “acciones inmediatas de investigación”, versión desmentida por la propia familia y por usuarios en redes.

Ante el escándalo, Bertha Alcalde Luján se vio obligada a comparecer. Prometió investigar las irregularidades, separó de sus cargos a varios funcionarios y anunció que ya había un “probable responsable”: el vigilante del edificio, Juan Jesús “N”, detenido días después. La Fiscalía sostiene que cuenta con indicios biológicos, manchas de sangre en la caseta de vigilancia y evidencia de manipulación de cámaras. La familia del detenido, sin embargo, denuncia tortura y señala omisiones graves en la investigación inicial.

El contraste con el caso Ariadna Fernanda es lacerante. En 2022, Claudia Sheinbaum exigió públicamente la intervención federal contra Uriel Carmona, acusándolo de encubrir un feminicidio al atribuir la muerte de la joven a una broncoaspiración etílica. La FGR atrajo el caso, procesó al fiscal morelense y la entonces fiscal Godoy desplegó todos los recursos. Sheinbaum celebró la detención como un triunfo contra la impunidad.

Hoy, frente a una fiscal cuyo parentesco directo con la cúpula de Morena es público, la FGR guarda silencio y respeta escrupulosamente el fuero común. No hay atracción del caso, ni presión visible desde la federación. La respuesta institucional se limita a sancionar eslabones operativos mientras se protege a los altos mandos. Esta asimetría —veloz contra el adversario, lenta y defensiva con los propios— revela que la justicia se ha privatizado: se activa o se paraliza según la filiación política.

Peor aún, la Fiscalía ha centrado su narrativa en el vigilante mientras circulan videos de otro hombre (señalado en redes como el juez paraguayo Humberto Otazú) tocando indebidamente a una mujer en el elevador del mismo edificio, en un inmueble donde, según reportes, varias jóvenes accedían con regularidad. Aunque la Fiscalía insiste en que no fabrica culpables y que la investigación continúa, la percepción ciudadana de selectividad erosiona aún más la confianza.

Cuando el Estado aplica la ley con rigor contra quienes no comparten el poder y la diluye o ignora cuando se trata de sus allegados, el pacto social se rompe. La ciudadanía queda expuesta a un monopolio penal faccioso, donde la impunidad ya no es excepción, sino instrumento de supervivencia política. En un país donde miles de mujeres son asesinadas cada año, esta doble vara no solo ofende a las víctimas: amenaza la esencia misma del Estado de derecho.