Por Carolina Ruiz Rodríguez *

No es una frase cómoda. Tampoco es diplomática. Pero las tres palabras que dan título a este escrito, cada vez resultan más difíciles de evitar: a las y los migrantes mexicanos los siguen matando bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.

No siempre con balas. No siempre con violencia visible. Muchas veces es la omisión, el abandono, la negligencia y la deshumanización lo que termina arrebatándole la vida a quien comete “el terrible” delito de ser inmigrante.

El pasado 11 de abril, otro mexicano murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana. Murió detenido. Murió bajo responsabilidad directa de un sistema que tenía la obligación de protegerlo. Murió sin que, hasta ahora, se conozcan con claridad las causas.

Y eso no es un hecho aislado.

La propia Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, en el comunicado 079/2026, emitido el pasado 13 de abril lo reconoció con preocupación: la repetición de fallecimientos en centros de detención migratoria es inaceptable y evidencia condiciones incompatibles con los derechos humanos. 

Cuando las muertes se repiten, dejan de ser excepción. Se convierten en patrón. Y cuando hay un patrón, hay responsabilidad.

De acuerdo a un reporte del periódico El Economista publicado este pasado 16 de abril, hay registradas 22 muertes de connacionales bajo custodia del ICE de octubre de 2018 a enero del 2016, convirtiendo a México como el país con mayor número de migrantes sin vida en centros de detención migratoria. De estas 22 muertes, 15 han ocurrido en este segundo periodo de gobierno de Donald Trump.

Después de México, de 2018 a enero del 2016 Honduras ocupa el segundo lugar en el numero de migrantes sin vida bajo control del ICE, con 12 registros. Le siguen Guatemala con 10, Nicaragua con 8 y Cuba con 6. En total se contabilizan 113 muertes de migrantes en este periodo en centros de detención en los EE.UU.

No podemos seguir “suavizando” el lenguaje para no incomodar. No podemos seguir hablando de “incidentes” cuando hay vidas que se pierden en condiciones que debieron evitarse. No podemos seguir reaccionando con comunicados cuando lo que se requiere es presión real, consecuencias claras y cambios de fondo.

Porque cada persona migrante detenida está bajo custodia del Estado. Y cuando el Estado no garantiza su vida, no hay excusa valida ni suficiente.

Es momento de alzar la voz, de incomodar:

A las autoridades de los Estados Unidos, para que asuman que la política migratoria no puede construirse sobre la vulneración sistemática de los derechos humanos.

A nuestras propias instituciones, para que pasen de la reacción y condena a la acción, fortaleciendo la protección consular, la supervisión permanente y el acompañamiento legal efectivo.

Y a la sociedad, aquí y del otro lado de la frontera, para que no permita que estas muertes se diluyan en el olvido.

Necesitamos una movilización consciente, firme, organizada. Necesitamos documentar, denunciar, exigir. Necesitamos que cada caso tenga nombre, rostro, historia. Que deje de ser un número más en un informe anual.

Porque cuando una persona muere bajo custodia, no solo falla un sistema: se rompe un principio básico de humanidad. Y cuando eso ocurre una y otra vez, el silencio deja de ser neutral. Se vuelve cómplice y hoy no es momento de matices, es momento de decirlo claro: los siguen matando.

* Diputada local y presidenta de la Comisión de Atención a Personas Migrantes en el H. Congreso del Estado de Morelos.