POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN
En la semana que termina, los titulares de varios periódicos nacionales volvieron a colocar a Morelos en las primeras planas. Esta vez, por lo que algunos han llamado la morelización del Culiacanazo: una versión morelense de aquel episodio en el que la presión armada de una organización criminal terminó por imponerse sobre la decisión de atrapar a un criminal. Aquí, en nuestras tierras tlahuicas, ocurrió algo que debería preocuparnos mucho más allá de la nota roja: el lunes 12 de octubre, en Totolapan, fue detenido José David “N”, conocido como El Güero Gym, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y relacionado con el grupo delictivo Pueblos Unidos. Horas después, tras la privación de la libertad de tres agentes de investigación y una jornada de bloqueos, quema de vehículos y patrullas, así como enfrentamientos y movilizaciones, la Fiscalía estatal decidió entregar al detenido a cambio de recuperar a sus colaboradores. La decisión fue defendida por las autoridades bajo el argumento de que era necesario salvar vidas. Y, desde luego, nadie podría exigir que se sacrificara la vida de los agentes para sostener una operación policial; el problema es lo que significa, para el Estado y para la sociedad, que una organización criminal consiga imponer semejante condición mediante la violencia… una vez más, porque, amable lector, una cosa es tomar una decisión excepcional para evitar que maten a personas que están privadas de la libertad, y otra muy distinta es ignorar el mensaje que deja esa decisión cuando se observa desde la calle: detengan a uno de los nuestros y nosotros decidiremos cuánto caos podemos desatar hasta que nos lo devuelvan.
Por lo pronto, la imagen que queda es inquietante: tres agentes privados de la libertad, carreteras bloqueadas, vehículos incendiados y un detenido que termina de regreso en la calle, asi como si nada. No sé, amable lector, si le parezca demasiado simplista reducir el mundo a la imagen de un pueblo bueno, permanentemente inocente, frente a una criminalidad que viene de fuera y nada tiene que ver con la vida cotidiana de las comunidades. La realidad suele ser bastante más incómoda. En distintos lugares del país, por razones que van desde el miedo y la coacción hasta la dependencia económica, la complicidad o la ausencia prolongada de instituciones, hay poblaciones en las que la detención de determinados líderes criminales provoca protestas y movilizaciones para exigir su liberación. No podemos meter a todos en el mismo costal: quien sale a la calle por miedo no es lo mismo que quien participa por conveniencia, y ninguno de esos escenarios permite concluir, sin pruebas, que toda una comunidad respalda a los delincuentes. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante un fenómeno que merece atención: cuando una organización criminal consigue que sus intereses se confundan con los de una parte de la población, la tarea de recuperar el territorio deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema mucho más profundo.
Mire usted, algunos de esos grupos no se limitan a vender drogas o a disputar una plaza. También imponen reglas, cobran por dejar trabajar, extorsionan a comerciantes, controlan actividades económicas y, en ocasiones, distribuyen apoyos, regalan productos o intervienen en asuntos que las autoridades han dejado desatendidos. En el mejor de los casos para su propaganda, se presentan como benefactores; en el peor, hacen que la población dependa de ellos o aprenda a obedecerlos para sobrevivir. Bachean una calle, reparten despensas o resuelven un conflicto y, al mismo tiempo, cobran cuotas por el agua, el refresco, el transporte o cualquier otra actividad que les permita extraer dinero de la comunidad, como el gobierno mismo pues, pero uno que no necesita elecciones, que no rinde cuentas y cuya ventanilla de atención al ciudadano puede incluir una amenaza, un levantón o una ráfaga de disparos. No es un Estado de bienestar: es un sistema de dominación que mezcla la dádiva con la extorsión y la protección con el miedo.
Y si de bromas hablamos, amable lector, hagamos una comparación de esas que producen risa sólo hasta que uno se detiene para poder asimilarlas, en varios municipios se ve unan mayor presencia de señoras vendiendo gorditas que a un policía disponible para atender una emergencia, no hay un estado de fuerza real para atender a la población morelense, para muestra un botón. En Cuautla, por ejemplo, una regidora denunció esta misma semana que el municipio cuenta con apenas 45 policías para una población de alrededor de 196 mil habitantes, y cuestionó la actuación y los posibles vínculos de integrantes de la corporación con redes criminales, es decir no solo no hay policías, los que hay varios pueden estar infiltrados por la maña -la regidora en cuestión pide la disolución de la policía, sí así de ese tamaño-.
En este terreno, por decir lo menos fértil, amable lector, solo falta poner los puntos sobres las ies, sin presencia del Estado, sin capacidad de respuesta y credibilidad, el vacío no permanece vacío durante mucho tiempo, por lógica alguien lo ocupa. A veces lo hace el grupo que cobra por permitir que un negocio abra sus puertas; otras, el que decide quién puede circular por un camino, quién puede vender determinada mercancía o qué ocurre con quien se atreve a denunciar, por ello carecen de legitimidad los discursos oficiales que hablan de estrategias, operativos y coordinación interinstitucional, cuando existen varias comunidades que aprenden a organizar su vida alrededor de un poder que no depende de la Constitución, pero que se hace sentir todos los días.
Bueno si esto lo está acercando cada vez más al Halloween -más bien Hell O Ween-, o al día de muertos según corresponda, agárrese, porque ahí le va más. No por un mórbido gusto por hacerlo sufrir, sino porque, al parecer, la realidad mexicana se ha empeñado en demostrar que siempre puede ser más surrealista de lo que imaginamos, si con esqueletos de posadas, AK47 y drones explosivos al mismo tiempo.
Resulta que los grupos criminales no solamente tienen dinero, armas y capacidad para organizar operaciones violentas. También tienen iniciativa, aprenden, se adaptan y aprovechan los avances tecnológicos y por supuesto tienen dinero muchísimo dinero, no por nada han comprado candidatos y servidores públicos para poder seguir adelante con sus empresas criminales. Esto último debería preocuparnos especialmente, porque con ese dinero la delincuencia organizada está incorporando herramientas y tácticas que hace apenas unos años asociábamos con los conflictos militares entre países.
El pasado 10 de octubre, El País publicó un reportaje de Andrés Rodríguez sobre las huellas de la guerra de Ucrania en el crimen organizado mexicano. El artículo aborda la preocupación de los especialistas por la posible transferencia de conocimientos militares, particularmente en el manejo de drones, así como los indicios de que presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas han viajado a aquel país para adquirir experiencia, si en combate no solo para ligarse a rusas o ucranianas, sino para sobrevivir a un auténtico infierno. No estamos hablando únicamente de aparatos comerciales utilizados para observar desde el aire: hablamos de su adaptación para labores de vigilancia, reconocimiento y ataque, con capacidades que pueden convertir una aeronave relativamente barata en un peligro para las personas que se encuentran en tierra.
Y no se trata de una posibilidad puramente teórica. El 4 de octubre, en Sinaloa, las autoridades reportaron el aseguramiento de drones FPV, controles, gafas, baterías y rollos de fibra óptica. El hallazgo resulta significativo porque esta última tecnología se utiliza para transmitir las órdenes de control mediante una conexión física, en lugar de depender exclusivamente de señales de radio. ¿Qué tiene de relevante? Que algunas de las defensas antidrones convencionales buscan interrumpir precisamente esas comunicaciones inalámbricas, y un aparato que utiliza un enlace físico puede eludir mecanismos de interferencia. La diferencia no es menor: mientras las autoridades desarrollan contramedidas, los grupos criminales se adelantan y buscan nuevas formas de sortearlas, desde la experiencia de la guerra.
Y por si alguien pensaba que se trataba de un hallazgo aislado, el 13 de octubre se informó de otro operativo en Sinaloa en el que el Ejército aseguró 48 drones, además de baterías, equipos de telecomunicaciones, armas y otros materiales.
Ahora bien, agárrese todavía más para que no duerma tranquilo en estas fechas porque, hay otras herramientas que, aunque apenas comienzan a preocupar a los especialistas, podrían generar auténticos escenarios distópicos de control territorial y gobierno, dado que la inteligencia artificial puede facilitar funciones de navegación, reconocimiento y automatización, incluso ya se están agregando sistemas de autonomía similares en ciertos escenarios de guerra, por ello la preocupación descansa en el nada previsible escenario en que las capacidades de estas organizaciones avancen, combinándose con los recursos que tienen a su disposición, es más pronto podrían extinguirse los llamados “droneros”, para dar paso a una mayor cantidad de ingenieros en electrónica, robótica, sistemas, química, para fortalecer tales organizaciones criminales.
Piense usted en lo que esto significa. Durante mucho tiempo, buena parte de nuestra conversación sobre el armamento del narco se concentró en fusiles de alto calibre, como los Barrett, lanzagranadas, vehículos blindados artesanalmente y otras armas que parecían sacadas de una película de guerra. Hoy tenemos que añadir una dimensión distinta: dispositivos aéreos capaces de observar movimientos, seguir rutas, vigilar instalaciones y, en determinadas configuraciones, transportar explosivos. También cabría añadir vehículos terrestres no tripulados y otros sistemas controlados a distancia.
Aquí es donde la cosa deja de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un problema que nos hacerca al terror propio de estas fechas -Hell O Ween-, porque no estamos hablando de una carrera entre ejércitos regulares que se enfrentan en un campo de batalla delimitado, hablamos de organizaciones que operan entre poblaciones civiles, que disputan territorios, extorsionan negocios y que ya han utilizado la violencia para presionar a las autoridades para imponer su orden… su gobierno más allá del Estado mexicano.
No hace falta ser un gran silogista, ni estudiar lógica en la universidad para advertir el riesgo. Si una organización descubre que la violencia coordinada, los bloqueos y la retención de servidores públicos pueden ejercer presión sobre las instituciones, tendrá incentivos para conservar esas capacidades. Y si, además, dispone de herramientas tecnológicas que amplían su alcance, el desafío para las autoridades se vuelve todavía más complejo.
No tengo, amable lector, una gran reflexión final que ofrecerle. Ni una de esas conclusiones que acomodan el mundo en tres frases y nos permiten cerrar la página con la sensación de que hemos entendido el problema. Hoy, francamente, estoy anonadado mientras el Hell o ween se aproxima cada vez más…
