Por Otto Alberto Pérez
El 12 de octubre, en Totolapan, personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto detuvo a José David “N”, identificado como generador de violencia vinculado a Pueblos Unidos. Horas después, tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente fueron retenidos. La institución activó el protocolo de secuestro y, alrededor de las 19:35 horas, entregó al detenido a cambio de sus compañeros. Uno de ellos resultó herido de bala.
La Fiscalía sostiene que la decisión fue institucional y apegada a derecho. Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, explicó que José David “N” fue detenido en flagrancia por posesión simple de narcóticos, un delito que no contempla prisión preventiva oficiosa, y que no existía orden de aprehensión en su contra. Bajo esas condiciones, dijo, la liberación podía realizarse mediante un acuerdo ministerial mientras se seguía investigando. La institución enmarcó la decisión en el Protocolo Nacional de Actuación en Atención a Víctimas de Secuestro y sostuvo que la prioridad era rescatar con vida a sus agentes. El fiscal Fernando Blumenkron afirmó que no se doblegaron y que la vida de su personal no era renunciable.
El argumento es técnico y, en abstracto, puede ser correcto. El delito de flagrancia por narcomenudeo no obliga a la detención prolongada y, sin orden de aprehensión previa, no había un mandato judicial que ejecutar. Sin embargo, el momento y la condición de la liberación no fueron definidos por el Ministerio Público de manera autónoma. Fueron definidos por la exigencia del grupo que retuvo a los agentes. La Fiscalía abrió carpeta por secuestro y anunció que solicitará al menos diez órdenes de aprehensión, pero el objetivo que ya tenía en sus manos salió libre esa misma tarde.
El resultado observable es que un objetivo detenido en un operativo conjunto fue liberado bajo presión. Los bloqueos se extendieron a varios municipios del oriente. Días después, en Cuautla se reportaron ataques a transporte público y negocios. Empresarios y transportistas cuestionaron los resultados del Plan Cuautla, la estrategia federal-estatal que desde julio se presenta como el instrumento para contener la extorsión en esa zona. El Plan reportó, hasta septiembre, 86 detenidos, 91 cateos y seis sentencias. La percepción en la calle no coincide con esas cifras.
Esto no es un episodio aislado. La Fiscalía de Morelos opera con un cuello de botella estructural. Datos presentados ante el Congreso muestran que más del 94 por ciento de las carpetas abiertas no llegan a judicialización. Cuando hay detenido, la proporción mejora —alrededor del 74 por ciento en las fiscalías regionales—, pero la mayoría de las investigaciones permanece sin imputado y sin avance. Casos de alto perfil, como el feminicidio de la diputada Gabriela Marín, cumplen cuatro años sin responsables. La Fiscalía Anticorrupción reporta más de dos mil carpetas activas y cientos de judicializaciones, pero las sentencias siguen siendo escasas.
La estrategia conjunta del gobierno estatal con la federación —Plan Cuautla, Operativo Enjambre, anuncios de refuerzo a la Policía Estatal— depende de que la procuración de justicia convierta las detenciones en procesos que se sostengan. Cuando la Fiscalía libera a un objetivo bajo presión, el mensaje que llega a la población es que la capacidad institucional tiene límites precisos y que esos límites los marca el grupo criminal. Esa percepción no se corrige con más operativos ni con más cifras de detenciones. Se corrige, o no, con el desenlace de los expedientes.
Queda a juicio de la sociedad si esa secuencia puede analizarse como una decisión estrictamente jurídica o si la presión del grupo criminal determinó el resultado. Los ciudadanos pueden evaluar si el marco legal que se invoca es suficiente para explicar lo ocurrido, o si, en los hechos, la capacidad institucional encontró un límite que no se resolvió con el protocolo, sino con la entrega del detenido.
La impunidad no es solo el caso que no se resuelve. Es también el caso en el que la autoridad tiene al objetivo y decide soltarlo. Mientras eso ocurra, cualquier estrategia conjunta, por bien diseñada que esté, enfrentará una percepción ciudadana que ya no se mueve con los comunicados.
