Por Jazmín López
Cada 17 de octubre conmemoramos una de las fechas más significativas en la historia de los derechos de las mujeres en México. En 1953, durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se promulgó la reforma constitucional que reconoció a las mujeres mexicanas el derecho a votar y ser votadas en las elecciones federales, un paso decisivo para el reconocimiento de su ciudadanía plena.
Este avance no fue una concesión política, sino el resultado de décadas de lucha, organización y resistencia de mujeres que exigieron ser reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Mujeres que desafiaron las normas de su época y abrieron camino para que las generaciones posteriores pudiéramos participar en la vida pública y en la toma de decisiones.
A 73 años de aquella conquista histórica, es necesario reconocer cuánto hemos avanzado, pero también preguntarnos cuánto falta por transformar para alcanzar una verdadera igualdad política.
Hoy las mujeres ocupan espacios de decisión en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; participan en gobiernos municipales, estatales y federales, y han demostrado que su capacidad de liderazgo no depende del género. La elección de la primera presidenta de México en 2024 representa un acontecimiento histórico en esta lucha por la representación política.
Sin embargo, tener derecho a votar y ser votadas no significa que las mujeres participen en condiciones de igualdad. Persisten obstáculos como la violencia política en razón de género, la discriminación, los estereotipos y los ataques que buscan desacreditar o silenciar a quienes deciden participar en la vida pública.
En muchas ocasiones, las mujeres deben demostrar constantemente que tienen la capacidad para ocupar un cargo, mientras enfrentan cuestionamientos sobre su apariencia, su vida personal o sus responsabilidades familiares, situaciones que pocas veces se utilizan con la misma intensidad para evaluar a los hombres.
Otro desafío fundamental es garantizar que la participación política sea verdaderamente incluyente. Las mujeres indígenas, afromexicanas, jóvenes y aquellas que viven en comunidades rurales deben contar con oportunidades reales para ser escuchadas, representar a sus comunidades e incidir en las decisiones que afectan sus vidas.
Desde el periodismo con perspectiva de género, también tenemos una responsabilidad: informar sin reproducir prejuicios, visibilizar las desigualdades y analizar el desempeño de las mujeres en la política con rigor profesional, sin reducir su participación a estereotipos ni permitir que la violencia se normalice en el debate público.
La democracia necesita mujeres que participen, propongan, cuestionen y transformen. Pero también necesita instituciones que garanticen su seguridad, respeten sus derechos y sancionen cualquier conducta que pretenda excluirlas de la vida política.
Por eso, no debemos limitarnos a recordar que hace 73 años las mujeres conquistaron el derecho al voto. Debemos reflexionar sobre el significado de esa lucha en el presente y asumir que la igualdad política requiere acciones permanentes, voluntad institucional y compromiso social.
La conquista del voto femenino nos enseñó que los derechos se construyen con perseverancia y que ninguna transformación democrática puede considerarse completa mientras existan mujeres que enfrenten obstáculos para ejercerlos plenamente.
Porque no basta con que las mujeres puedan votar: también deben poder decidir, gobernar, participar y ejercer el poder en libertad, sin violencia y sin discriminación.
