Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Cuando el Estado negocia la aplicación de la ley a cambio de vidas, el pacto social comienza a desmoronarse. Lo ocurrido en Totolapan, Morelos, no es solamente un episodio de violencia criminal ni un revés operativo para las autoridades. Es una expresión de una crisis más profunda: la pérdida de capacidad institucional para imponer la ley sin someterse a la voluntad de quienes desafían su autoridad.
La captura de José David “N”, alias “El Güero Gym”, identificado por las autoridades como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en la región oriente, debió representar un resultado concreto de la acción del Estado. Sin embargo, la reacción criminal modificó el curso de los acontecimientos. Bloqueos carreteros, vehículos incendiados y la retención de tres agentes ministeriales colocaron a las instituciones ante una disyuntiva extrema: sostener la detención o privilegiar la integridad de sus propios elementos.
El mensaje es inquietante. La violencia deja de ser únicamente un instrumento para delinquir y se convierte en un mecanismo para condicionar la actuación de las autoridades. El crimen organizado no necesita derrotar formalmente a las instituciones si puede obligarlas, mediante la amenaza, a modificar sus decisiones.
El episodio ha sido comparado con un “Culiacanazo” a escala local. Más allá de las diferencias entre ambos acontecimientos, la analogía apunta a una cuestión fundamental: ¿qué ocurre cuando el ejercicio de la autoridad queda sujeto a la capacidad de respuesta de los grupos criminales?
Pero el problema de Morelos no termina en las carreteras de Totolapan. La crisis exterior encuentra un reflejo preocupante en el interior de las prisiones estatales.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofrece un indicador relevante de esta problemática. Según las cifras referidas, el sistema penitenciario estatal obtuvo una calificación de 5.23, inferior al 6.47 registrado en 2020. La tendencia evidencia un deterioro que exige explicaciones y, sobre todo, una intervención institucional sostenida.
En centros como el CERESO Varonil de Atlacholoaya, la CNDH ha documentado problemas relacionados con el autogobierno y el cogobierno, fenómenos que comprometen la capacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo sobre la vida penitenciaria. A ello se suman deficiencias de personal de custodia y presiones derivadas del crecimiento de la población privada de la libertad.
Afuera, grupos criminales pueden presionar a las autoridades mediante la violencia. Adentro, las deficiencias de vigilancia y gobernabilidad pueden abrir espacios para que estructuras informales disputen el control. En ambos escenarios, el problema es el mismo: la distancia entre la autoridad formal y la capacidad efectiva de ejercerla.
¿Qué debe hacerse?
La respuesta exige abandonar la administración reactiva de las crisis. Morelos necesita una estrategia de seguridad y justicia que articule inteligencia criminal, coordinación entre autoridades, protocolos para enfrentar situaciones de retención de servidores públicos y mecanismos eficaces para impedir que las organizaciones delictivas conviertan la violencia en una herramienta de negociación.
En el sistema penitenciario, la prioridad debe ser recuperar la gobernabilidad mediante personal suficiente, controles institucionales efectivos, supervisión independiente y evaluación permanente de resultados. No basta con anunciar operativos o presentar estadísticas: es indispensable establecer objetivos verificables, responsables institucionales y mecanismos de rendición de cuentas.
El Estado de derecho no desaparece de un día para otro. Se erosiona cada vez que una institución deja de cumplir una función esencial y esa incapacidad se presenta como una circunstancia inevitable.
En Totolapan, la violencia puso a prueba la autoridad. En las prisiones, los diagnósticos exhiben sus deficiencias. Juntos, ambos escenarios plantean una pregunta que el gobierno de Morelos ya no puede eludir: ¿quién ejerce realmente el poder cuando la ley encuentra resistencia?
