Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
México parece haber renunciado a pensar en el futuro. La política nacional se consume en la disputa cotidiana por el poder, en las lealtades partidistas, en los escándalos de corrupción y en la escenificación de castigos que, con frecuencia, parecen responder más a las necesidades de la coyuntura que a una auténtica transformación de las instituciones. Mientras tanto, una pregunta fundamental permanece ausente del debate público: ¿tenemos un proyecto de nación para 2050?
La administración estratégica parte de una premisa elemental: administrar no significa únicamente distribuir recursos, controlar presupuestos o resolver problemas inmediatos. Significa establecer objetivos, anticipar escenarios, identificar riesgos y construir las capacidades institucionales necesarias para alcanzar resultados en el largo plazo. Trasladada al ámbito de la administración pública, esta perspectiva nos obliga a cuestionar la manera en que México concibe, diseña y ejecuta sus políticas públicas.
El problema es que nuestro sistema político parece operar bajo una lógica distinta. Los partidos políticos, se han convertido en vehículos fundamentales para acceder al poder y, desde ahí, influir en el destino de los recursos públicos, en la orientación de las instituciones y en la configuración de las políticas nacionales.
El ejercicio del gobierno, en lugar de concebirse como una responsabilidad temporal al servicio de un proyecto colectivo, corre el riesgo de convertirse en un instrumento para consolidar intereses personales, familiares y de grupo.
Los señalamientos públicos sobre el crecimiento patrimonial y los estilos de vida de los hios del expresidente Andrés Manuel lópez Obrador, han alimentado una discusión que trasciende las identidades partidistas. La cuestión no es solamente si determinados individuos han acumulado riqueza o si existen responsabilidades jurídicas que deban investigarse.
La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿qué condiciones institucionales permiten que el poder político pueda convertirse en una plataforma de acumulación privada sin que los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas funcionen de manera oportuna y eficaz?
Max Weber, en su análisis de la burocracia moderna y de la dominación legal-racional, identificó la importancia de una administración sustentada en normas impersonales, competencias definidas y procedimientos institucionalizados. La legitimidad del Estado moderno no puede descansar exclusivamente en el carisma de un dirigente ni en la adhesión emocional de sus seguidores. Requiere una estructura administrativa capaz de actuar conforme a reglas, con independencia de las preferencias personales de quienes ocupan temporalmente el gobierno.
Esta distinción resulta fundamental para México. Una administración pública profesional no debe depender de la afinidad ideológica con el presidente en turno, de las lealtades construidas durante una campaña ni de la necesidad de satisfacer a una determinada facción política. Su razón de ser es garantizar la continuidad del Estado y la ejecución de políticas orientadas al interés público.
Pero regresemos a la administración estratégica. La corrupción, la captura institucional, la concentración del poder y la fragilidad de los mecanismos de rendición de cuentas deben entenderse como variables que condicionan cualquier proyecto de desarrollo nacional. No son simples episodios de la crónica política. Representan riesgos estructurales que afectan la inversión, la competitividad, la confianza ciudadana, la estabilidad institucional y, en última instancia, la soberanía económica del país.
Un proyecto de nación para 2050 tendría que comenzar por definir objetivos verificables: una economía con mayor capacidad tecnológica e industrial, un sistema educativo capaz de responder a los desafíos de la transformación digital, instituciones de seguridad y justicia confiables, una administración pública profesional y una política energética, hídrica y ambiental sustentada en escenarios de largo plazo. Ninguna de estas metas puede depender exclusivamente de la voluntad de un presidente o de la permanencia de un partido en el gobierno.
México necesita un Estado con visión republicana y capacidad de conducción estratégica. Un Estado donde la democracia no se reduzca a la competencia electoral, donde las instituciones no sean extensiones de los partidos y donde el servicio público no constituya una vía de enriquecimiento o de promoción personal. La alternancia política debe garantizar la renovación del gobierno, pero también la continuidad de las políticas que respondan a necesidades nacionales de largo plazo.
Porque un país que únicamente piensa en su siguiente elección termina sacrificando su futuro en nombre de su presente. Y una nación que carece de objetivos compartidos queda inevitablemente expuesta a que sus gobernantes confundan el ejercicio temporal del poder con la propiedad permanente del Estado.
La pregunta, entonces, no es solamente quién gobernará México en 2030. La pregunta es qué país queremos ser en 2050 y qué instituciones estamos dispuestos a construir para conseguirlo.
