Por Otto Alberto Pérez
Manuel Huerta lo dijo para el recorte: esta reforma no sanciona la sátira, la crítica ni los memes. Higinio Martínez, desde la presidencia del Senado, agregó que no se mete a la cárcel a un joven por un chiste. Sheinbaum mandó en mayo un paquete de propiedad industrial: piratería, fraude, T-MEC. El apodo se lo puso la oposición. Dos más dos. El cinco está en un cambio de tres palabras.
Las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera votaron el 23 y 24 de septiembre: 34 a favor, ocho en contra, dos abstenciones. El 403 Bis ya no amenaza con siete años. Quedó en uno a cinco y mil a 10 mil UMA para quien use, reproduzca o imite, a escala comercial, la identidad gráfica, un dominio o un documento oficial de cualquier institución de los tres órdenes, para inducir a error con intención de ilícito sobre el origen de una comunicación, una plataforma o un sistema. Se cayó “cualquier signo”. Se cayó, sobre todo, el ánimo de lucro. Lo sustituyeron por escala comercial, dijeron, para facilitar la investigación con datos objetivos. Lucro era un propósito. Escala comercial es un volumen. Quien cobre por el post, quien viva de la cuenta, quien venda el show, entra más fácil al tipo. No es un matiz. Es una rampa.
Huerta tiene razón en una mitad: el texto no dice “queda prohibido el meme”. La otra mitad es que tampoco escribe “la parodia queda fuera”. No hay cláusula de sátira. Tampoco hay una definición útil de eso que algunos llaman “impacto perjudicial”. Crear un chiste sin cobro y sin fingir que es un aviso de Palacio, en principio, no es el delito. El ministerio público, sin embargo, no va a llamar a Huerta. Va a buscar un logo y una cuenta que facture.
El tipo no persigue el chiste en abstracto. Persigue el logo cuando alguien cobra y cuando alguien puede decir que hubo engaño. Una parodia con el escudo, un recorte de la mañanera con leyenda falsa, una cuenta que vive de la risa y del anuncio: el artículo no dice cuál de las tres es sátira. Dice escala comercial e ilícito. Eso no lo resuelve Huerta en un recorte. Lo resuelve quien denuncie. Ricardo Anaya lo planteó sin maquillaje: cárcel por meme o parodia no es de una democracia. El oficialismo responde que el tipo es para el que fabrica un pasaporte o una página falsa. Puede ser. También puede ser las dos cosas. En este país el delito no siempre nace en la verbosidad de la ley. Nace en la carpeta.
No es ley. Falta el pleno de esta semana —si no se corre, el martes 29— y, si pasa, San Lázaro. En Diputados hay otra pieza: multas a plataformas que no bajen contenidos alterados. Y una tercera, rumbo a 2027: vigilar bots. El 403 Bis es el pedazo que convierte un escudo en material penal y deja la burla en un comunicado.
Hasta el martes, nadie está preso por un meme. Hasta el martes, tampoco hay una línea que lo proteja. Dos más dos: combaten el fraude y juran que la risa vive. Cinco: facilitaron la prueba y no firmaron la excepción.
El martes votan. El meme no está en el artículo. El miedo, sí.
