Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Hay una vieja frase atribuida a Benito Juárez que forma parte del inconsciente político mexicano: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Más allá de que la autoría de la sentencia sea discutible, su fuerza permanece porque describe una intuición profundamente arraigada en nuestra cultura política: en México, la ley nunca ha sido completamente ajena a las relaciones de poder.
El caso de Ernesto Ruffo Appel vuelve a poner esa intuición sobre la mesa.
El exgobernador de Baja California, de 74 años, dejó el penal del Altiplano para continuar en prisión domiciliaria en Ensenada. La decisión judicial consideró su edad, sus condiciones de salud y su arraigo, y mantiene vigente el proceso penal en su contra por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. No se trata, jurídicamente, de una absolución ni de la desaparición de las medidas cautelares.
Hasta aquí, todo pertenece al terreno ordinario del derecho.
El problema comienza cuando la resolución se observa desde una perspectiva más amplia: la de la desigual aplicación material del sistema penal.
Porque el verdadero debate no debería ser si Ruffo merece o no estar en su casa. La pregunta relevante es otra: ¿por qué las razones humanitarias que pueden modificar la prisión preventiva para un personaje de la vida política nacional parecen adquirir una fuerza distinta cuando se trata de otros procesados?
Ahí aparece la verdadera grieta.
Si bien, Ruffo no salió del Altiplano por una concesión política formal, sino después de una estrategia jurídica que incluyó diversos juicios de amparo y una nueva revisión de medidas cautelares. La defensa había intentado previamente modificar las condiciones de su reclusión y acumuló varios recursos relacionados con el caso.
Pero alrededor del expediente existe también una dimensión inevitablemente política.
Ruffo no es un ciudadano anónimo. Es el hombre que en 1989 rompió una de las inercias fundamentales del sistema político mexicano: fue el primer gobernador de Baja California emanado del PAN y uno de los símbolos históricos de la alternancia política. Su encarcelamiento en el Altiplano tenía, por esa razón, una dimensión que excedía su expediente penal. Su salida también la tiene.
No hace falta afirmar que existió un acuerdo secreto para reconocer una realidad más profunda: el sistema penal también produce efectos políticos.
La prisión de un personaje de alto perfil comunica algo. Su permanencia en prisión comunica algo. Su traslado a prisión domiciliaria comunica algo. Y la reacción de los distintos actores políticos frente a esa decisión también comunica algo.
Javier Corral, antiguo dirigente panista y hoy senador de Morena, celebró públicamente la decisión. También lo hicieron sectores del PAN y de otras corrientes políticas. La escena resulta políticamente significativa porque demuestra que las fronteras partidistas pueden desaparecer cuando aparece una causa común: la defensa de un viejo integrante de la clase política. No necesariamente porque exista un pacto. No necesariamente porque haya impunidad.
Sino porque las élites políticas comparten algo que el ciudadano ordinario difícilmente posee: conocen las puertas, conocen los procedimientos y tienen capacidad para tocar los teléfonos adecuados.
Esa es quizá la parte más incómoda del episodio. La desigualdad ante la justicia no siempre consiste en que una persona reciba un trato ilegal y otra un trato legal. A veces consiste en algo mucho más sofisticado: que ambos tengan exactamente los mismos derechos, pero solamente uno tenga los recursos económicos, políticos, profesionales y mediáticos para conseguir que esos derechos sean efectivamente reconocidos.
Por eso el caso Ruffo debería obligarnos a mirar más allá de Ruffo. No se trata de preguntarnos si un hombre de 74 años, con padecimientos médicos y arraigo acreditado, debe permanecer en una prisión federal. Se trata de preguntarnos cuántas personas en circunstancias semejantes han tenido que esperar meses o años para que alguien escuche los mismos argumentos. Y, sobre todo, si el Estado mexicano está dispuesto a convertir este caso en una regla general o solamente en una excepción jurídicamente defendible.
Porque ahí está la diferencia entre justicia y gracia.
La justicia establece criterios generales.
La gracia selecciona destinatarios.
La justicia crea precedentes.
La gracia crea favores.
La justicia puede incomodar al poder porque obliga a tratar de la misma manera a quien tiene influencia y a quien no la tiene.
