El Human Rights Center publicó el 24 de septiembre una plataforma con 75 expedientes. Artículo 19 había contado menos periodistas. La CPI no ha abierto caso.
Por equipo #EnResumen
El 24 de septiembre el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley puso en línea Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico. El periodo que midió va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024: el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Contó 337 personas asesinadas: 78 periodistas y 259 defensores. La impunidad de esos delitos, según el propio centro, se movió entre 93 y 99 por ciento.
La cifra no coincide con las que ya circulaban en México. Artículo 19 había registrado 46 o 47 periodistas asesinados en ese tramo, con otra metodología: solo casos que puede vincular al oficio. Organizaciones de defensores hablaban de unos 225 activistas. Berkeley dice que cruzó padrones, “desconfligió” conteos y verificó incidentes. Publicó una base consultable y 75 carpetas de homicidio, desaparición y violencia grave. El lector puede ver el universo. No puede tratar las tres cifras como si midieran lo mismo.
El segundo hallazgo es de laboratorio, no de obituario. El centro sostiene que un área de inteligencia militar de la Sedena usó Pegasus (NSO Group), Geomatrix (Rayzone) y Cellebrite UFED contra periodistas, defensores y hasta investigadores de control interno, sin orden judicial y sin ley que faculte al Ejército a interceptar comunicaciones. Parte del rastro sale de los Guacamaya Leaks: seis terabytes de correo de la Sedena, filtrados en septiembre de 2022. R3D, Citizen Lab y medios mexicanos ya habían documentado infecciones. Berkeley las vuelve a atar al organigrama militar del sexenio que negó el espionaje en la mañanera.
El informe no se queda en el software. Con herramientas de inteligencia artificial revisó 1,437 conferencias del presidente y marcó 2,827 segmentos que califica de estigmatizantes: “prensa fifí”, “chayoteros”, “hampa del periodismo”. Artículo 19, por su lado, había contado al menos 176 expresiones de ese tipo solo en 2022, el año más letal para la prensa en su serie. El centro describe además redes de acoso —incluye un aparato ligado a Notimex— que pasaron de la descalificación al doxeo. Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional del HRC, escribió que a periodistas y defensores “se les trató como enemigos del Estado por exigir cuentas al poder”.
El trabajo se pensó como insumo para la Corte Penal Internacional, bajo la política de crímenes cibernéticos que la Fiscalía de La Haya publicó en diciembre de 2025. Los autores hablan de examen preliminar por persecución, no de una causa abierta. Al cierre de esta edición, ni la CPI ni Palacio Nacional habían emitido un pronunciamiento puntual sobre Under Attack. El Mecanismo federal de protección tiene, en su sitio, una condena genérica a Pegasus; no responde este informe.
Dos hechos, entonces, no uno. Berkeley no demuestra que Pegasus mató a los 337. Demuestra un patrón que junta estigma en el estrado, vigilancia militar y homicidios casi sin sentencia. Sheinbaum cierra este domingo en el Zócalo una gira de “honestidad y resultados”. El reporte cubre el sexenio anterior. El gobierno actual todavía no lo contesta.
