POR DR. ÁNGEL DARIÉN ZAPATA MARÍN
Después de un receso necesario por vacaciones, y con fuerzas renovadas, retomamos esta columna.
No puede pasar inadvertido, desde luego, el episodio político que acaba de protagonizar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, después de permanecer separado del cargo durante varios meses, regresó sorpresivamente a Palacio de Gobierno para hacer patente ante propios y extraños su reincorporación a las funciones de gobernador y, pocas horas después, volvió a solicitar licencia al Congreso del Estado.
El episodio resulta, por decir lo menos, peculiar. Hay mucho que analizar detrás de ese movimiento: las circunstancias políticas que lo rodearon, las presiones, las opiniones que se produjeron tras bambalinas y la incomodidad que generó en distintos sectores. Pero ya habrá oportunidad de ocuparnos de ello.
Hoy quiero hablar de otra cosa, de algo que, amable lector, puede parecer menos espectacular que una crisis política, pero que en realidad puede tocar la puerta de cualquiera de nosotros: la propiedad o, para decirlo de una manera mucho más sencilla: ¿Qué pasa cuando lo tuyo deja de ser tuyo?, porque comprar una casa, un terreno, un departamento o un rancho no es un asunto menor. Detrás de un inmueble hay años de trabajo, sacrificios, ahorros, créditos, herencias y, muchas veces, el esfuerzo de varias generaciones. Por eso el despojo no es solamente un delito patrimonial es una agresión directa contra la seguridad de una persona, contra su familia y contra la certeza elemental de que aquello que legítimamente adquirió le pertenece. Y aquí es donde el asunto empieza a ponerse serio.
El caso de Doña Carlota, la mujer adulta mayor de Chalco, es quizá el ejemplo más brutal de lo que puede suceder cuando un conflicto por una propiedad termina saliéndose de los cauces institucionales. Una mujer de la tercera edad, después de denunciar que terceros habían ocupado un inmueble que su familia consideraba suyo, terminó acudiendo al lugar acompañada de familiares y armada. Lo que siguió todos lo conocemos: disparos, personas muertas, otra persona lesionada y una mujer que terminó enfrentando consecuencias penales.
No hay que hacer apología de la violencia, pero tampoco debemos ser ingenuos, antes de que se disparara una pistola hubo un conflicto, antes de éste hubo una propiedad y antes de la violencia una disputa. Pero sobre todo antes de todo ello debieron existir instituciones capaces de resolver el problema. Ese es el verdadero punto, porque si una persona llega al extremo de pensar que tiene que recuperar por sus propios medios aquello que considera suyo, algo falló antes y de manera catastrófica.
Y no me refiero solamente a Doña Carlota, me refiero al sistema. La pregunta incómoda aquí es cuánto tiempo tuvo que pasar para que aquella disputa llegara a ese extremo, porque no podemos pedirle a una sociedad que confíe ciegamente en las instituciones si, cuando alguien pierde su casa, terreno o patrimonio, la respuesta es un expediente que duerme durante meses o años.
La justicia tardía, cuando se trata del patrimonio, muchas veces se parece demasiado a la injusticia y, ahí está el peligro, porque el ciudadano puede soportar que el gobierno sea lento o deficiente, pero difícilmente aceptará que alguien llegue, cambie las cerraduras de su casa, se quede con ella y después tenga que pasar años intentando demostrar que la propiedad era suya.
Ahora, amable lector, el despojo ya no siempre llega con violencia y eso es más preocupante, a veces llega con una llave, con un documento, un cambio de cerradura, una supuesta compraventa y una escritura, un procedimiento judicial o con información obtenida de algún registro, pues atendiendo a las denuncias que en los últimos meses han comenzado a aparecer en la Ciudad de México, el despojo moderno llega a extremos insólitos de sofisticación, un ejemplo es el caso de Daneira Oviedo, en la colonia Del Valle, que es particularmente ilustrativo.
La propietaria denunció que personas ajenas ingresaron a su inmueble, cambiaron las chapas y pretendieron apoderarse del predio. Dos mujeres fueron detenidas y vinculadas a proceso por despojo. Una de ellas fue identificada como Virginia Vázquez García, quien presuntamente es mediadora privada certificada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí es donde el asunto deja de ser anecdótico porque si efectivamente, como denuncian ciudadanos de la capital del país, existen grupos dedicados a localizar inmuebles vulnerables, identificar a propietarios ausentes, aprovechar fallecimientos, sucesiones no regularizadas o cualquier otra circunstancia que facilite la apropiación de un inmueble, entonces estamos ante algo mucho más sofisticado que un simple invasor que decidió meterse a una casa. Estamos hablando de un negocio. Y si existe un negocio, hay beneficiarios. Y si hay beneficiarios, hay que saber quiénes son, no basta con detener a quien aparece dentro de la propiedad. Hay que seguir el dinero, revisar documentos, registros y antecedentes.
Hay que saber quién consiguió la información, quién elaboró los documentos, quién intervino, quién asesoró, quién recibió el inmueble y quién terminó beneficiándose, porque el que ocupa una casa puede ser solamente la última pieza de una maquinaria mucho más grande.
También en la misma temática, hace unos días, durante una gira presidencial por Tamaulipas, una mujer logró acercarse a la caravana de la presidenta Claudia Sheinbaum. No quería una fotografía, tampoco saludarla, quería que la escuchara, pues le reclamó por un predio que, según denunció, había sido ocupado injustamente por terceros y le pidió que interviniera. La escena, aunque llamativa deja ver que algo no está funcionando como debería, desde luego habrá que conocer el expediente y determinar quién tiene jurídicamente la razón.
Sin embargo, esto refleja algo que no debe ocurrir: que exista una institución capaz de recibir el reclamo, investigarlo y resolverlo, a fin de que el ciudadano no tenga que perseguir una caravana presidencial para que su reclamo se escuchado y atendido.
En Yucatán conocí durante estas vacaciones otro asunto que me llamó poderosamente la atención. Una jueza de control determinó no vincular a proceso a una persona señalada por el delito de despojo, según la resolución, no se habría demostrado suficientemente una de las circunstancias exigidas por el tipo penal: la forma furtiva en que habría ingresado al inmueble, además de cuestiones relacionadas con la posesión del inmueble. Aquí lo interesante radica en el estándar y razones expuestas por la juzgadora quien pareciera solicitó pruebas equivalentes a las que tendrían que existir para dictar una sentencia condenatoria, lo que no sería correcto y demostraría esta falta de sensibilidad hacia un problema que no solo implica a particulares.
Nicolás Maquiavelo escribió en El príncipe una frase que, varios siglos después, sigue teniendo una sorprendente actualidad: “Los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.”
No es una frase menor. Maquiavelo entendía algo elemental de la naturaleza humana: el patrimonio no es solamente dinero es seguridad, historia, e identidad. Es la casa donde crecieron nuestros hijos. Es el terreno que dejó el abuelo. Es el lugar donde queremos que algún día vivan los nuestros. Por eso quien pierde una propiedad no necesariamente pierde solamente metros cuadrados. Pierde años de trabajo. Pierde tranquilidad. Pierde proyectos. Y muchas veces pierde también la confianza en las instituciones. De ahí que el despojo sea un asunto mucho más delicado de lo que parece, porque una sociedad puede tolerar muchas cosas pero lo que difícilmente tolera es que le quiten lo suyo; y, el Estado no puede esperar a que la gente se harte como en el caso de Doña Carlota, quien llegó a la conclusión de que las instituciones no resolvería su problema, y consideró mejor resolverlo por si misma. Esto amable lector es lo Estado debe evitar.
Por eso no deberíamos esperar a que aparezca otra Carlota. No deberíamos esperar a que otra mujer tenga que detener una caravana presidencial para ser escuchada, o que un ciudadano termine frente a un juez intentando demostrar, después de años, que la casa o el inmueble era suyo.
El Estado tiene que entender algo muy sencillo: la propiedad no es un privilegio. Es uno de los pilares sobre los que descansa la seguridad y la libertad de una sociedad. Y cuando el ciudadano deja de tener la certeza de que lo suyo seguirá siendo suyo, la pregunta ya no es solamente quién se quedó con su casa.
La pregunta es mucho más grave: ¿quién se quedó con la confianza que ese ciudadano tenía en su país?.
