Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

“La república es cosa del pueblo, pero no de cualquier multitud, sino de una comunidad unida por el derecho y por el interés común”. Cicerón.

Hay momentos en la historia de las naciones en que la forma republicana persiste, pero su sustancia comienza a desaparecer. México parece atravesar uno de esos momentos. Continuamos llamándonos República Federal, conservamos elecciones, congresos y una Constitución vigente, pero varios de los principios que dan vida a una auténtica república —la separación de poderes, la profesionalización del servicio público, el imperio de la ley y la existencia de contrapesos efectivos— muestran signos evidentes de desgaste.

¿Qué es una república? Más allá de la definición jurídica, la tradición liberal clásica la concibe como un orden político donde las leyes son superiores a los gobernantes y donde ningún individuo, partido o mayoría circunstancial puede colocarse por encima de las instituciones. La república existe precisamente para limitar el poder.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en Cómo mueren las democracias (2018), ofrecen una de las explicaciones más pertinentes para comprender los procesos contemporáneos de deterioro institucional. Las democracias modernas, sostienen, rara vez colapsan mediante golpes de Estado espectaculares. Suelen morir lentamente, por erosión. Los gobernantes populistas elegidos democráticamente debilitan gradualmente los contrapesos, colonizan instituciones estratégicas, sustituyen la meritocracia por la lealtad política y convierten a los adversarios en enemigos morales.

Los síntomas en México son cada vez más visibles.

La justicia parece operar con velocidades distintas: prudente y cautelosa cuando se trata de figuras cercanas al oficialismo, pero rápida y contundente cuando involucra a actores menos protegidos políticamente. La lealtad partidista ha desplazado, en numerosos espacios, a la experiencia y la profesionalización como criterios para ocupar posiciones estratégicas. Al mismo tiempo, se observa una creciente concentración informal del poder acompañada por una narrativa que presenta a los órganos autónomos, al Poder Judicial y a las voces críticas como obstáculos para la voluntad popular.

La reforma judicial y la progresiva subordinación de organismos autónomos han alimentado la percepción de que el equilibrio republicano se encuentra bajo presión. No se trata de afirmar que la República haya desaparecido, sino de reconocer que sus defensas institucionales muestran signos de debilitamiento.

Levitsky y Ziblatt advierten que las repúblicas comienzan a morir cuando las normas dejan de ser consideradas límites inviolables y pasan a verse como simples obstáculos que pueden ser sorteados en nombre de una mayoría moral o de un proyecto histórico superior. El riesgo no radica únicamente en las decisiones de quienes gobiernan, sino también en la disposición de la sociedad a tolerar la erosión gradual de sus instituciones.

México no enfrenta todavía la desaparición formal de su régimen republicano. El peligro es más sutil y, por ello, más profundo: acostumbrarnos a una normalidad donde las formas democráticas coexisten con prácticas cada vez más autoritarias.

La tarea histórica de nuestro tiempo no consiste en emprender una transformación más, sino en recuperar el espíritu republicano: reconstruir la profesionalización del Estado, garantizar la autonomía de la justicia, fortalecer los contrapesos y volver a colocar la ley por encima de cualquier líder, partido o movimiento.

Porque las repúblicas no mueren cuando desaparecen de los textos constitucionales. Mueren cuando dejan de existir en la práctica. Y para entonces, generalmente, ya es demasiado tarde.