Por Dr. Ángel Darién Zapata Marín

En el ámbito deportivo, la atención internacional se concentra en dos acontecimientos de enorme relevancia: la próxima inauguración de la Copa Mundial de Futbol en nuestro país, con la Ciudad de México como uno de sus principales escaparates, y la final del torneo de tenis de París -Roland Garros 2026-, que recientemente generó críticas debido a los horarios de varios encuentros, prolongados hasta altas horas de la madrugada como consecuencia de las exigencias derivadas de contratos televisivos.

Sin embargo, mientras las grandes ligas del deporte afinan los últimos detalles, en la cancha nacional persisten interrogantes que trascienden lo deportivo. A pesar de los esfuerzos institucionales y de la inversión anunciada para preparar a la capital mexicana de cara a la justa mundialista, diversos trabajos de adaptación, modernización y embellecimiento urbano aún no parecen concluidos.

Basta observar que algunas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro continúan sujetas a obras y procesos de rehabilitación de última hora, precisamente después de años en los que incendios, fallas estructurales y accidentes colocaron al transporte capitalino en el centro de la atención nacional. Del mismo modo, el aeropuerto internacional, principal puerta de entrada para millones de viajeros y futuros visitantes del Mundial, sigue enfrentando retos operativos, manifestaciones y cuestionamientos sobre la calidad de algunas de sus obras recientes, ahí están las imágenes, amable lector de la caída de una techumbre recién inaugurada.

Frente a este panorama, cabe preguntarnos ¿qué ocurrirá si los diversos movimientos sociales que hoy mantienen conflictos abiertos con el gobierno deciden escalar sus protestas durante el desarrollo de la justa deportiva?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha demostrado capacidad de movilización y presión política, al grado de advertir acciones más contundentes en defensa de sus demandas, como un botón está la afectación a diversas imágenes monumentales alusivas al mundial y vandalizadas por integrantes de este colectivo. A ello podrían sumarse los transportistas, cuyo reclamo por mayores condiciones de seguridad en las carreteras resulta legítimo, pero cuyas movilizaciones tienen el potencial de paralizar importantes vialidades de la capital. También están las madres buscadoras, quienes continúan denunciando invisibilización y desinterés institucional frente a la crisis de desapariciones que vive el país -lo que derivó en la activación de un protocolo internacional de protección de la ONU-, así como otros colectivos sociales que podrían aprovechar la visibilidad internacional del evento para hacer escuchar sus demandas.

¿Estamos ante el riesgo de que estas expresiones sociales opaquen esta celebración deportiva? 

Mientras esta pregunta permanece abierta, a tras queda la noticia de la vinculación a proceso del alcalde de Cuautla, por delincuencia organizada, porque otro asunto de enorme trascendencia pública avanza, aunque discretamente, y casi al margen del debate nacional.

En este mes en curso concluirá el plazo fijado para que las empresas de telecomunicaciones incorporen a sus usuarios a un registro telefónico obligatorio vinculado con datos biométricos. Según sus promotores, esta medida permitirá combatir el crecimiento de delitos como la extorsión telefónica y otras modalidades criminales que afectan diariamente a miles de mexicanos.

No obstante, especialistas en ciberseguridad, activistas defensores de la privacidad y otros han cuestionado seriamente dicha promesa, sus críticas apuntan a que no existe evidencia concluyente de que una base masiva de datos biométricos reduzca de manera significativa la incidencia delictiva. Por el contrario, advierten riesgos relacionados con la protección de la información personal, posibles filtraciones y la creación de mercados ilegales destinados a evadir los controles oficiales.

Precisamente por ello es que varias compañías telefónicas enfrentan dificultades para alcanzar las metas de registro exigidas por la autoridad, y es que la diferencia entre el número de líneas existentes y el de usuarios efectivamente incorporados al sistema parece reflejar un amplio rechazo social o, cuando menos, una marcada indiferencia frente a la medida –el empresario Carlos Slim pidió a las autoridades reconsiderar el plazo exigido, ante el marcado nivel de incumplimiento en el registro-.

En este contexto, algunas empresas han optado por “facilitar” el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, procediendo a registrarlos ellas mismas con los datos que tienen, generando una inquietud fundada entre diversos usuarios que consideran que sus datos personales podrían haberse utilizado sin su consentimiento.

La preocupación no es menor. Quienes desde un principio se resistieron a proporcionar sus datos biométricos al Estado lo hicieron precisamente por desconfianza respecto al destino y protección de esa información. Esto, amable lector no hace sino profundizar las dudas existentes sobre un sistema que, desde su origen, ha enfrentado resistencia tanto de los usuarios como de los propios operadores del sector.

Así las cosas, entre la expectativa mundialista y las controversias regulatorias, México parece transitar una vez más por esa delgada línea que separa la realidad del realismo mágico. Por un lado, una celebración deportiva que promete proyectar al país ante el mundo; por el otro, conflictos sociales latentes, infraestructura aún en proceso de adecuación y políticas públicas cuya aceptación dista mucho de ser unánime.

La pregunta final permanece en el aire: ¿veremos en los próximos meses una nación capaz de convertir estos desafíos en una oportunidad histórica, o presenciaremos cómo las tensiones acumuladas terminan por imponerse sobre la fiesta deportiva?

Como suele ocurrir en México, la respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre el optimismo oficial y la compleja realidad cotidiana.