Por Jazmín López

La violencia política contra las mujeres en México dejó de ser una percepción para convertirse en una realidad documentada con cifras alarmantes. Durante el proceso electoral 2024, el INE recibió 215 quejas formales por violencia política en razón de género, lo que representa el 42% de las 511 denuncias acumuladas desde la reforma constitucional de 2020 creada para prevenir y sancionar esta conducta. Detrás de esos números hay mujeres amenazadas, desacreditadas, humilladas y violentadas simplemente por participar en la vida pública. El propio INE identificó a 157 víctimas, en su mayoría candidatas a diputadas federales, senadoras y presidentas municipales, y procedió contra 266 probables infractores. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género suma 438 personas inscritas: 360 hombres y 78 mujeres. Entre ellas aparecen ciudadanos comunes, funcionarios públicos, presidentes municipales, regidores e incluso 53 periodistas. Esto demuestra que la violencia política no solamente ocurre dentro de los partidos, sino también desde instituciones, medios de comunicación y espacios públicos donde las mujeres continúan siendo juzgadas con una dureza distinta a la de los hombres.

Porque mientras a ellos se les cuestiona por decisiones políticas, a ellas se les analiza el rostro, la ropa, el tono de voz o incluso si “se ven felices” ejerciendo un cargo. A un hombre se le reconoce liderazgo; a una mujer se le llama conflictiva. A un hombre se le permite gobernar bajo presión; a una mujer se le exige perfección emocional aun en medio de contextos violentos.

Morelos conoce bien esta realidad. El 5 de octubre de 2022, la diputada local Gabriela Marín fue asesinada a balazos en un ataque directo perpetrado por hombres armados en motocicleta mientras se encontraba en el estacionamiento de una farmacia sobre Avenida Poder Legislativo. Su asesinato evidenció el riesgo que enfrentan las mujeres en política, pero también la facilidad con la que estos casos son silenciados. Con el tiempo, el tema desapareció de la conversación pública y su feminicidio político quedó atrapado entre la impunidad y el olvido.

Hoy, otro ejemplo ocurre con la designación de la Mtra. Nancy Echeverría como síndica con funciones de presidenta municipal en Cuautla, Morelos. En lugar de analizar el enorme reto de gobernar un municipio golpeado por la violencia y marcado por señalamientos relacionados con el narcotráfico, muchas voces prefirieron cuestionar su actitud y señalar que “no se veía feliz”. Pero la pregunta es inevitable: ¿feliz por qué? ¿Por asumir una responsabilidad pública en medio del miedo y la inseguridad?

Lo verdaderamente preocupante no es el rostro de una mujer gobernando, sino las condiciones en las que tiene que hacerlo. ¿Cuántas mujeres más deberán enfrentar ataques, amenazas o incluso perder la vida para que la violencia política deje de normalizarse en México?

Jazmín López- Lic en Artes y comunicologa, redes sociales @Jazlopez23