Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

La credibilidad de una institución no se mide por los discursos que pronuncia, sino por la consistencia con la que aplica la ley. Hoy la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta precisamente uno de sus mayores problemas: la percepción creciente de que existen distintos estándares de justicia dependiendo de quién se siente frente al Ministerio Público. 

Mientras algunos ciudadanos son sometidos a procesos penales bajo criterios amplios de responsabilidad, otros parecen beneficiarse de una prudencia extraordinaria, incluso cuando enfrentan señalamientos de enorme gravedad. 

Como evidencia, primero analizamos el caso del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, es ilustrativo. Durante años fue presentado como una de las figuras vinculadas al escándalo de la llamada Estafa Maestra. La Fiscalía sostuvo acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita basadas, esencialmente, en su condición de titular de la institución durante el periodo investigado.

Sin embargo, después de años de litigio y de meses de permanecer privado de su libertad en el Altiplano, un tribunal federal determinó revocar la vinculación a proceso y ordenar su liberación. La resolución evidenció que la sola posición jerárquica de una persona no puede sustituir la acreditación de conductas específicas que permitan atribuir responsabilidad penal. 

Caso contrario, la FGR adopta una cautela extrema antes de detener a Rubén Rocha Moya exgobernador de Sinaloa.

Las investigaciones y señalamientos que han surgido en Estados Unidos contra personajes cercanos al entorno político sinaloense han provocado una creciente atención pública. Sin embargo, la respuesta institucional mexicana ha sido particularmente cuidadosa, insistiendo en la necesidad de contar con elementos plenamente acreditados antes de iniciar determinadas acciones.

Nadie puede cuestionar que el debido proceso debe respetarse. Lo preocupante es que ese mismo estándar parezca variar dependiendo del expediente.

Cuando se trata de ciudadanos sin respaldo político, las imputaciones suelen construirse con rapidez y las medidas cautelares más severas aparecen de inmediato. Cuando los señalados forman parte de estructuras de poder, la exigencia probatoria parece elevarse hasta niveles extraordinarios.

Esa percepción de selectividad es devastadora para cualquier sistema de justicia.

Porque la ley no pierde legitimidad únicamente cuando se viola. También la pierde cuando se aplica de manera desigual.

El verdadero daño no solo recae sobre los investigados injustamente. Lo paga todo el Estado mexicano.

Cada vez que un ciudadano observa que para unos basta la sospecha y para otros nunca parecen suficientes los indicios, la confianza en las instituciones se erosiona. Cada vez que la justicia parece actuar con distinta velocidad según el apellido, el cargo o la cercanía al poder, se fortalece la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Y ninguna democracia puede sostenerse mucho tiempo sobre esa percepción.

La justicia debe ser ciega, no selectiva. Porque cuando los criterios cambian según el personaje, lo que termina sentado en el banquillo de los acusados no es una persona, sino la credibilidad completa del Estado de derecho.