Por Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Hace unos días me preguntaron directamente: “¿Es posible que veamos en México algo similar a lo que ocurrió con Nicolás Maduro en Venezuela?”. La respuesta es no. México no es Venezuela, ni estratégica ni institucionalmente.

El caso venezolano fue excepcional. La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 ocurrió en un contexto de colapso económico, aislamiento internacional, fractura militar y una presión acumulada durante años. Además, Washington justificó la operación bajo una narrativa de narcoterrorismo y control energético vinculada al petróleo venezolano. 

México representa exactamente lo contrario. Es el principal socio comercial de Estados Unidos. La economía mexicana está profundamente integrada a la estadounidense mediante el T-MEC. Millones de empleos, cadenas de suministro, industria automotriz, seguridad fronteriza y estabilidad financiera dependen de esa relación. Una operación de “extracción” contra un expresidente o presidenta mexicana provocaría un terremoto político y económico que dañaría severamente a ambos países.

Además, México conserva algo que Venezuela perdió hace años: capacidad institucional suficiente para evitar un escenario de intervención directa. El Ejército mexicano mantiene cohesión interna, el sistema financiero sigue conectado al mercado internacional y el costo geopolítico de violentar abiertamente la soberanía mexicana sería gigantesco.

Lo que sí estamos viendo.

• Cooperación selectiva. Cuando hay intereses directos de Estados Unidos involucrados —como ciudadanos estadounidenses secuestrados, tráfico de fentanilo o redes financieras vinculadas al narcotráfico— México responde rápidamente con operativos coordinados, intercambio de inteligencia y colaboración con agencias estadounidenses.
• Permisibilidad controlada. Se toleran ciertos niveles de presencia e inteligencia norteamericana en territorio mexicano, siempre bajo límites cuidadosamente negociados para evitar una percepción pública de subordinación.
• Presión financiera y judicial. Fichas rojas de Interpol, investigaciones de la DEA, congelamiento de cuentas, cancelación de visas y expedientes judiciales internacionales. Herramientas discretas, efectivas y mucho menos costosas que una intervención militar.

Washington no busca romper al Estado mexicano porque necesita que siga funcionando. Lo que busca es capacidad de cooperación suficiente para proteger sus intereses estratégicos: frontera, comercio, migración, energía y narcotráfico. Por eso el verdadero poder de EE. UU. en México no opera mediante espectáculos militares, sino mediante dependencias económicas, inteligencia compartida y presión institucional permanente.

En términos de The 48 Laws of Power, Estados Unidos aplica con precisión dos principios fundamentales: controlar las opciones y hacer que los demás se acerquen por interés propio. No necesita imponer la fuerza cuando puede administrar los costos.

Lo que veremos —y ya estamos viendo— es algo mucho más complejo: una relación asimétrica donde México coopera parcialmente para evitar consecuencias mayores, mientras Estados Unidos mantiene capacidad permanente de presión sin destruir la estabilidad que también necesita.

La soberanía puede defenderse en el discurso, pero el poder real, se negocia en silencio.