Por Otto Alberto Pérez

El despliegue del Operativo Enjambre por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) expuso el alcance de la infiltración del Cártel de Sinaloa en las estructuras municipales de la zona oriente de Morelos. La consolidación de esta red delictiva operó a través de un blindaje institucional indirecto: las omisiones técnicas y procedimentales del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). 

Al validar informes financieros limpios y desechar de forma sistemática las quejas por actos anticipados y uso de recursos ilícitos, ambos órganos configuraron una vía de aparente legalidad que derivó en triunfos electorales inimpugnables, dejando las alcaldías y la seguridad regional bajo el control de células delictivas y vulnerando la estabilidad del gobierno del estado.

El vacío fiscalizador: De la omisión administrativa al triunfo inimpugnable

La operación financiera del Cártel de Sinaloa, coordinada en la región por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, explotó las limitaciones de las autoridades electorales.

Tanto el INE, a nivel federal, como el IMPEPAC, en el ámbito local, mantuvieron una actuación estrictamente administrativa y documental. El arbitraje electoral se limitó a cotejar las facturas presentadas voluntariamente por los partidos políticos, omitiendo la verificación en campo del flujo masivo de dinero en efectivo utilizado para la movilización de estructuras, entrega de dádivas y financiamiento paralelo.

Esta falta de capacidad de investigación impidió la activación de alertas tempranas sobre aportaciones de origen ilícito. Al no existir registros de anomalías, rebase de topes de gastos ni sanciones financieras en los dictámenes aprobados el 22 de julio de 2024, las victorias electorales en demarcaciones clave como Cuautla y Atlatlahucan adquirieron validez jurídica absoluta. 

Sin elementos probatorios validados por los árbitros oficiales, los triunfos proselitistas resultaron legalmente inimpugnables ante los tribunales electorales, legitimando el ascenso al poder de perfiles vinculados con la delincuencia organizada.

El factor Víctor Mercado y la laxitud del IMPEPAC

El papel del IMPEPAC resalta en la desestimación de denuncias previas al periodo formal de campañas, particularmente en los expedientes interpuestos contra perfiles de alto rango como el actual senador Víctor Aureliano Mercado Salgado. 

Durante los procesos previos a la elección, el IMPEPAC desechó las quejas por actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos argumentando la ausencia de “elementos objetivos de llamado al voto”.

Esta laxitud procedimental permitió a Mercado Salgado consolidar su posicionamiento político utilizando redes de apoyo logístico y de gestión que, según las investigaciones federales en curso, estaban vinculadas operativamente con los funcionarios de Cuautla hoy bajo proceso penal. 

Las carpetas de la FGR documentan que la campaña senatorial de Mercado Salgado se benefició de la movilización de transportistas y de la estructura municipal coordinada por los operadores detenidos en el Operativo Enjambre, un entramado político-criminal que transitó sin supervisiones ni trabas por los filtros del instituto local.

El papel de Raúl Tadeo Nava como articulador

Las investigaciones de inteligencia federal ubican al exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, como un articulador político y operativo fundamental en la inserción de la delincuencia organizada dentro del aparato público. Tadeo Nava fungió como el enlace de comunicación directa entre el liderazgo del Cártel de Sinaloa y los alcaldes electos de la región oriente.

De acuerdo con las pruebas integradas por la FGR, Tadeo Nava coordinó y participó en reuniones clandestinas a principios de 2025 donde se definieron los nombramientos de los funcionarios en las áreas de seguridad, tesorería y obra pública en los ayuntamientos de la zona. 

Su posición dentro de la actual administración estatal facilitaba el flujo de información confidencial y garantizaba un canal de mediación institucional para consolidar el dominio territorial de la organización criminal. Tras detectarse su participación en la estructura del Operativo Enjambre, el exfuncionario evadió su captura.

Amenazas a la gobernadora

La cadena de omisiones del INE y del IMPEPAC generó un escenario donde el Cártel de Sinaloa asumió el control fáctico de los gobiernos locales, utilizándolos como un escudo institucional autónomo. La autonomía jurídica de los ayuntamientos, blindada por la inimpugnabilidad de sus elecciones, impidió la intervención oportuna de los mecanismos de control del Estado.

Esta consolidación delictiva en el nivel municipal derivó en las amenazas proferidas en mayo de 2026 contra la gobernadora Margarita González Saravia. De acuerdo con la información aportada por Raúl Tadeo Nava en sus declaraciones ministeriales, las advertencias del grupo criminal consistieron en exigir el cese de los operativos policiales en la región, permitir el libre tránsito de estupefacientes y garantizar que las designaciones de mandos de seguridad y el manejo de los presupuestos públicos se mantuvieran bajo control de la estructura delictiva.

Estas exigencias respondían al objetivo central de Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”: administrar la red regional de extorsiones, asegurar el cobro de piso a comerciantes y operar el desvío de recursos sin interferencia del gobierno estatal.

Los expedientes de la FGR documentan que la organización aplicaba la violencia letal como mecanismo para garantizar la subordinación institucional. Bajo este esquema de operación, Vázquez Amaro ordenó el atentado ejecutado en mayo de 2021 contra Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, exalcalde de Ocuituco.

La agresión armada se materializó como represalia directa ante la negativa de Bobadilla a someter la administración del municipio a las cuotas y directrices del Cártel de Sinaloa.

Al verse amenazada la red de protección y financiamiento tras el inicio del Operativo Enjambre, la organización criminal recurrió a la confrontación directa contra la titular del Ejecutivo estatal en un intento por preservar el dominio territorial que la falta de fiscalización electoral facilitó.