El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República expresó su rechazo a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal, al considerar que su contenido contraviene principios constitucionales relacionados con la libertad de expresión y el funcionamiento de los órganos autónomos.
Durante la sesión legislativa, legisladores del PRI desplegaron carteles con mensajes en los que manifestaron su oposición al proyecto, entre ellos: “Ley mordaza no es defensa de la soberanÃa†y “Morena censuraâ€. El senador Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido, cuestionó los alcances del artÃculo 109, el cual, dijo, permitirÃa al Estado bloquear plataformas digitales sin necesidad de una resolución judicial. En su intervención, afirmó que este tipo de disposiciones podrÃan limitar la circulación de información en medios de comunicación, redes sociales y otros canales digitales.
El senador también señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —organismo que se propone crear en la iniciativa— concentrarÃa facultades que actualmente corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), lo cual, en su opinión, representa una contravención al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por comprometer la autonomÃa regulatoria que dicho instrumento internacional exige.
En sus declaraciones, Moreno Cárdenas sostuvo que la reforma en discusión podrÃa usarse para restringir la difusión de información relacionada con problemáticas como la inseguridad, desapariciones y otros asuntos de interés público. Agregó que su partido continuará señalando los posibles riesgos que, desde su perspectiva, esta propuesta implicarÃa para el ejercicio de derechos fundamentales.
Por medio de su cuenta oficial en la red social X, el PRI publicó una serie de observaciones sobre diversos artÃculos del proyecto, advirtiendo sobre la eventual eliminación de contrapesos institucionales, asà como la posibilidad de otorgar atribuciones discrecionales al nuevo órgano regulador. En sus publicaciones, el partido advirtió que la reforma podrÃa permitir al gobierno intervenir en el contenido de los medios de comunicación, lo cual interpretan como un intento de control sobre la narrativa informativa.
El partido concluyó su posicionamiento afirmando que la legislación no ofrece garantÃas suficientes para proteger la libre manifestación de ideas ni los estándares establecidos en tratados internacionales suscritos por México.
