Dos convenios, un mismo esquema: sin transparencia ni controles
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en documentos obtenidos por transparencia, reveló que Morena operó de forma prolongada un sistema de pagos a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien) bajo el concepto de «apoyos sociales», durante al menos dos periodos distintos de su dirigencia nacional.
Finabien confirmó la firma de dos contratos con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido: el primero, el 1 de junio de 2022, durante la dirigencia de Mario Delgado; el segundo, el 21 de abril de 2025, ya bajo la conducción de Luisa María Alcalde. Ambos documentos fueron entregados por la financiera, mientras que Morena no proporcionó copia de los convenios ni los publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia, pese a estar obligado a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Más de 252 mil pagos sin controles ni trazabilidad
De acuerdo con una auditoría interna del Órgano Interno de Control de Finabien, el esquema permitió dispersar 252 mil 901 pagos entre junio de 2022 y junio de 2024 —periodo que incluye el proceso electoral donde Claudia Sheinbaum resultó electa—. Los hallazgos más relevantes:
– No se identificaron protocolos para cumplir con la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado), por lo que no hay claridad sobre el origen ni el destino de los recursos.
– El contrato no detalla montos totales ni el número exacto de pagos ordenados.
– El partido no reportó el acuerdo en sus informes de gastos del proceso electoral 2023-2024.
– Un exconsejero electoral del INE advirtió que la dispersión masiva de recursos por partidos políticos no está contemplada dentro de sus atribuciones legales.
Firmantes y vínculos con cargos públicos
El primer convenio fue suscrito por Francisco Javier Cabiedes Uranga, entonces representante legal del CEN de Morena, hoy director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa. El segundo fue firmado por Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, colaboradores cercanos a Luisa María Alcalde; Portillo funge actualmente como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
Se estima que los recursos movilizados podrían superar los 600 millones de pesos, una cifra que, sumada a la falta de transparencia, controles antilavado y su omisión en los informes electorales, mantiene el caso sin esclarecer y con múltiples interrogantes sobre su verdadero propósito.
