El dictamen de la reforma judicial, impulsado por Morena y sus aliados, fue aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, tras un largo debate que terminó con 25 votos a favor y 12 en contra. Ahora, el documento será enviado al pleno del Senado para su discusión y votación final.

La reforma propone la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, la elección popular de jueces y magistrados, y la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros de la Corte.

Además, prevé que el Instituto Nacional Electoral organice las elecciones de jueces y magistrados, y contempla dos procesos extraordinarios, uno en 2025 y otro en 2027, para renovar los cargos judiciales. También plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la eliminación de las dos salas de la Suprema Corte.

Durante la discusión, líderes de los partidos de oposición denunciaron presiones y amenazas para que los legisladores aprueben la iniciativa. El senador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que legisladores de su bancada han sido objeto de intentos de coacción por parte de autoridades y que incluso se les ha acosado a través de las fiscalías estatales. Llamó a la mayoría parlamentaria a permitir que los senadores de oposición voten con libertad, sin presiones externas.

En el mismo sentido, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su partido ha sido blanco de intimidaciones provenientes de personas relacionadas con el crimen organizado. Informó que, debido a esta situación, los sena-dores priistas permanecerán concentrados en un hotel de la Ciudad de México hasta el día de la votación, con el fin de garantizar su seguridad. Afirmó que el PRI no cederá ante estas presiones y votará en bloque en contra de la reforma judicial.

Tanto Ricardo Anaya como Alejandro Moreno coincidieron en que la reforma requiere de una mayoría calificada de 86 votos, no 85 como sostiene el Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva. Insistieron en que las fuerzas de oposición se mantendrán unidas para bloquear la aprobación del dictamen en el Pleno, cuya votación definitiva está programada para el miércoles 11 de septiembre, después de la primera lectura que se llevará a cabo el martes 10.

El debate continuará, y se espera que la votación ponga a prueba la capacidad de Morena y sus aliados para conseguir los votos necesarios. Mientras tanto, los partidos de oposición anunciaron que seguirán denunciando cualquier intento de vulnerar la Constitución en este proceso legislativo.