Por el Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 fue consecuencia del agotamiento de un modelo político marcado por la corrupción, la desigualdad, la inseguridad y la desconfianza institucional. La Cuarta Transformación prometió un cambio de raíz, con la consigna de terminar con los privilegios y devolver el poder al pueblo.
Sin embargo, transformar un país exige algo más que conquistar el poder. Desde la perspectiva de la administración estratégica, gobernar implica establecer objetivos de largo plazo, asignar recursos, evaluar resultados y corregir errores. La pregunta es si la transformación política ha construido un Estado más eficiente o si ha privilegiado la consolidación de un proyecto político.
Durante los últimos años se modificó profundamente la estructura institucional mexicana. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, la desaparición de organismos autónomos y las reformas al Poder Judicial cambiaron el equilibrio entre el Ejecutivo y los contrapesos del Estado.
Algunas instituciones necesitaban reformas; el problema consiste en determinar si los cambios fortalecieron sus funciones o debilitaron los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. Una mayoría electoral permite gobernar, pero no elimina la obligación constitucional de limitar el poder.
Las inconformidades laborales y las demandas relacionadas con medicamentos e insumos en el IMSS ilustran otro desafío: una institución no puede evaluarse únicamente por la infraestructura inaugurada o el personal contratado. También deben medirse la calidad de la atención, el surtimiento de recetas, los tiempos de espera y las condiciones de trabajo.
Responder exige comparar datos, no solamente discursos. México debe evaluar sus avances y retrocesos en seguridad, salud, educación, pobreza y transparencia mediante indicadores públicos y metodologías consistentes.
El problema aparece cuando los resultados gubernamentales se confunden con la propaganda política, las críticas se interpretan como ataques y los errores no generan consecuencias ni correcciones. Si las instituciones dependen excesivamente de la voluntad de quienes gobiernan, la continuidad administrativa termina subordinada a la continuidad política.
México necesita una agenda nacional que trascienda los periodos presidenciales y establezca objetivos verificables para 2030, 2040 y 2050.
La propuesta consiste en articular un sistema nacional de planeación y evaluación estratégica con cuatro instrumentos: metas de largo plazo, presupuestos vinculados a resultados, servicio público profesional y evaluaciones técnicas independientes.
Cada dependencia debería publicar sus objetivos, indicadores, costos y resultados. Cuando una política fracase, tendría que corregirse; cuando funcione, debería mantenerse, independientemente del partido que la haya creado. La transparencia, la fiscalización y los contrapesos deben fortalecerse, no depender de la voluntad de los gobernantes.
La administración estratégica enseña que ninguna organización alcanza sus objetivos si confunde su misión con la permanencia de sus dirigentes. En un país, esa confusión compromete recursos públicos, derechos y oportunidades.
La verdadera transformación no consiste en sustituir a quienes gobiernan, sino en construir instituciones que obliguen a cualquiera que gobierne a demostrar resultados y responder ante la sociedad.
