La determinación presidencial de Estados Unidos para el año fiscal 2027 elogia incautaciones, laboratorios y despliegue fronterizo, y fija la condición pendiente: procesar a servidores públicos que protegieron al crimen.
Por equipo #EnResumen
El gobierno de Donald Trump reconoció a la administración de Claudia Sheinbaum por decomisar mayores volúmenes de droga, desmantelar laboratorios clandestinos y enviar más recursos militares y policiales a la frontera compartida. El mismo documento afirma que la cooperación bilateral contribuyó a eliminar a jefes de cártel, entre ellos Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. De inmediato establece por qué eso no basta: México debe exponer, detener y enjuiciar a los funcionarios que auxiliaron a las organizaciones criminales y traicionaron la seguridad y la soberanía de su propio país.
México permanece en la lista de principales países de tránsito o producción ilícita de drogas para el año fiscal 2027, junto con otras 22 naciones. No fue incluido, a diferencia de Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, entre los que “fracasaron de manera manifiesta” en sus obligaciones internacionales de control. Washington no declara el colapso de la cooperación. Declara que los decomisos no sustituyen la integridad del aparato público.
El gobierno mexicano mide el éxito en toneladas, laboratorios y tropas. Esos indicadores son reales y el texto los admite. No cierran el círculo. El tráfico se sostiene también con protección política y con un sistema de justicia que rara vez convierte la colusión en condena. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En esa lista están el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. La denuncia llegó de fuera. El juicio corresponde al Estado mexicano.
La determinación añade más inspecciones en puertos, mayor control de la cadena de suministro y más inversión en las fuerzas de seguridad contra las redes y las finanzas criminales. Todas apuntan al mismo vacío: sin proceso penal contra la complicidad pública, el reconocimiento cubre la operación y deja intacta la impunidad.
El mismo 16 de septiembre en que la presidenta proclamó que México no se vende, el documento de Washington recuerda el costo de no juzgar. La soberanía no se agota en la tribuna. Se prueba cuando el Estado sienta en el banquillo a los funcionarios que la entregaron.
