Por Jazmín López
Hoy quiero detenerme en un caso que, más allá de la detención de un probable feminicida, nos obliga a preguntarnos algo muy serio: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una familia obtenga justicia?
Ricardo “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, finalmente fue detenido en Puebla. Pero no podemos olvidar que permaneció prófugo desde junio de 2025.
Andrea tenía 22 años, era madre y había sido reportada como desaparecida. Después fue localizada sin vida en un predio de Tlayacapan. Desde entonces, su familia no dejó de buscar respuestas.
Y aquí está uno de los puntos que más debería preocuparnos: para llegar a esta detención, la familia tuvo que insistir, denunciar, movilizarse y tocar puertas. El propio padre de Andrea proporcionó información que, de acuerdo con la Fiscalía, fue determinante para concretar la captura.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué habría pasado si la familia se hubiera cansado?
Las familias de víctimas de feminicidio no deberían convertirse en investigadoras, rastreadoras ni en quienes tengan que recordarle a las instituciones que tienen una obligación con las víctimas.
La justicia no puede depender de cuánto pueda resistir una familia, de cuántas marchas haga, de cuántas puertas toque o de cuánta presión social logre generar.
Sí, la detención de Ricardo “N” representa un avance. Pero después de más de un año, también nos recuerda que una detención no es justicia completa. Falta el proceso, falta la verdad y, si se acredita su responsabilidad, falta una sentencia.
Y también queda una pregunta para las instituciones: ¿por qué tuvo que pasar tanto tiempo?
Andrea Maylin ya no puede exigir justicia. Su familia lo hace por ella. Y ninguna familia debería tener que desgastarse hasta el límite para conseguir algo que debería garantizar el Estado.
Porque cuando hablamos de feminicidio, hablamos de vidas que fueron arrebatadas, pero también de familias que quedan obligadas a luchar para que esas muertes no queden en el olvido.
La justicia para Andrea Maylin debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Y su caso debe recordarnos que investigar un feminicidio con perspectiva de género no es un favor: es una obligación.
