Por Equipo En Resumen
Mientras la Ibero reconstruye 18 años de entierros clandestinos en el país, la FGE responde con incompetencia, reserva o un enlace al INEGI. El dato no falta: lo retiene la institución que debería producirlo.
El 20 de agosto de 2026, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana presentó Trazar la ausencia, caminar la esperanza, el recuento de fosas clandestinas en México entre enero de 2006 y septiembre de 2024. Las 32 fiscalías del país, en conjunto, reportaron 5,152 fosas y 5,718 cuerpos. La prensa documentó 3,516 fosas, 8,341 cuerpos y 52,305 restos. El 64% de los hallazgos oficiales ocurrió entre 2018 y 2024. Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco concentran la mitad de lo publicado en medios. Morelos no está en ese grupo. No porque el fenómeno sea menor: porque su Fiscalía no entrega la serie.
Jessica Alcázar, de Artículo 19, lo fijó en agosto de 2026 al presentar Enterrar la verdad, el diagnóstico de transparencia de la Plataforma Ciudadana de Fosas —Ibero, Data Cívica y Artículo 19—: Morelos acumula cuatro años consecutivos sin responder las solicitudes sobre fosas clandestinas. Leslie Salazar, investigadora de la Ibero, precisó el modo de la elusión: en 2024 y otra vez en 2025 la Fiscalía General del Estado de Morelos no desagregó el dato pedido; remitió al portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde esa información no está. En ejercicios previos la misma institución se declaró incompetente, dijo que el material estaba reservado o derivó a un mapa de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) —el organismo federal adscrito a la Secretaría de Gobernación que coordina la búsqueda— que ya no existe en línea. PopLab documentó el mismo patrón: Morelos no ha contestado en ninguno de los años en que se le requirió.
Esa opacidad no es un trámite fallido. Es la política de información de una fiscalía que, al mismo tiempo, habla en público de “tema sensible” y de avances forenses.
El titular es Fernando Blumenkron Escobar, designado el 13 de noviembre de 2025 por el Congreso local, con mandato de nueve años, a propuesta de la gobernadora Margarita González Saravia. Sustituyó a Edgar Antonio Maldonado Ceballos, fiscal entre el 6 de febrero y el 31 de octubre de 2025 y hoy secretario de Gobierno. Edgar Antonio Maldonado Ceballos había llegado tras la destitución de Uriel Carmona Gándara. El 22 de mayo de 2026, Fernando Blumenkron Escobar se sentó con siete colectivas —entre ellas Ángeles Buscándote— y anunció un 73% de avance en dictámenes de la quinta fase de Jojutla. El 12 de agosto reacomodó regionales: Yesenia Vega Terrones (Metropolitana), Jorge Junior Esquivel Gutiérrez (Oriente) y Erik Jiménez Espada (Sur Poniente). La mesa de desaparecidos recae en Alberto Belmont Gutiérrez; Servicios Periciales, en Verónica Gomar Paredes. Ninguno de esos nombramientos ha producido, hasta hoy, el registro estatal de fosas que otras fiscalías sí enviaron a la Ibero.
Hay que separar tres cuentas para no falsear el cargo.
La Ibero mide fosas clandestinas —entierro ilegal para ocultar evidencia, luego exhumado— con dos fuentes: fiscalías y prensa. Esas dos series no se suman: miden universos distintos. En ese tablero nacional Morelos no concentra el fenómeno. El problema es otro: su fiscalía no permite saber cuántas fosas de ese tipo registra, en qué municipio ni en qué año. Esa ausencia de serie comparable es, en sí, el dato.
Otra cuenta es la de Morelos Rinde Cuentas, con números que la propia Fiscalía General del Estado le entregó por otra vía: 184 fosas y 201 cuerpos entre 2016 y 2025, en 23 municipios. Yecapixtla, Cuautla, Xochitepec, Puente de Ixtla, Temixco, Jojutla y Amacuzac concentran el grueso. Entre 2006 y 2023, con cifras de la CNB, el mismo centro había contado 99 fosas (3.6% del país de entonces).
La tercera cuenta es la que Morelos volvió caso nacional: las fosas comunes abiertas por la propia institución. El 28 de marzo de 2014, bajo el gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y la procuraduría de Rodrigo Dorantes Salgado, se inhumaron cerca de 150 cuerpos en Tetelcingo, Cuautla. La exhumación de 2016 sacó 117 a 119. El 8 de diciembre de 2025, un juez no vinculó a proceso a Yolanda Fabiola Barajas Martínez, excoordinadora de Servicios Periciales, porque los delitos habían prescrito. La Fiscalía no rebató el argumento de la defensa. La familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández —inhumado ahí pese a estar identificado— advirtió que el mismo desenlace espera a otros 38 servidores públicos. En marzo de 2026, Amalia Hernández Hernández cifró en unos 400 los cuerpos exhumados de fosas comunes del estado y en “un par” los identificados. En Jojutla, panteón Pedro Amaro, las intervenciones de 2017, 2022, 2024, 2025 y 2026 han desmentido, una y otra vez, el aviso oficial de que ya no había restos.
La opacidad del registro y la prescripción de Tetelcingo son la misma institución vista de frente y de perfil: no informa hacia afuera y no sostiene la investigación hacia adentro.
Ese diseño llega a la primera hora de cada denuncia. El Acuerdo 10/2016 de la propia Fiscalía General del Estado adoptó el Protocolo Homologado de Búsqueda: hay que actuar de inmediato, aun sin denuncia formal. La Ley de Búsqueda de Personas de Morelos obliga al ministerio público a recibir sin dilación. En una capacitación reciente, la Mesa de Seguridad Regional —con personal de la Fiscalía Especializada— enumeró tres pasos: atender, registrar, actuar. Y nombró, como barrera principal, la práctica de condicionar la denuncia a 72 horas. La institución diagnostica el incumplimiento de su propia norma.
Un día después de la presentación de la Ibero, el 21 de agosto de 2026, ese incumplimiento se escuchó en el foro Desapariciones forzadas y otras violencias en razón de género: intercambio de saberes y experiencias entre Morelos y Guerrero. El Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF, A. C.) presentó el informe Y ese lucero eres tú. En el mismo espacio intervino Erika Alcántara García, integrante de la colectiva Ángeles Buscándote. Esta redacción verificó con ella los hechos de esa comparecencia.
Erika Alcántara García busca a su hermano Omar Briseño García, desaparecido el 16 de abril de 2021 en San Miguel 30, municipio de Tlaltizapán, Morelos. Hay denuncia y carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada desde 2021. Omar Briseño García sigue desaparecido. Cinco años y cuatro meses después, el impulso de esa carpeta no ha producido localización.
Sobre las 72 horas, Erika Alcántara García no atribuye esa espera a la recepción de su denuncia. Refiere que personas de la sociedad civil, atendidas por personal de la Fiscalía, han manifestado que se les pidió esperar. El dato no es un censo. Es consistente con lo que la propia institución ya reconoció como barrera y con lo que su norma prohíbe.
En el foro planteó, además, lo que el informe Ibero midió a escala nacional y la Fiscalía General del Estado no desagrega en Morelos: sin enfoque de género las carpetas no leen trata ni el continuo de violencia. En Ángeles Buscándote hay al menos tres casos de mujeres desaparecidas con indicios de trata; las investigaciones, dijo, siguen vigentes. Entre 2020 y 2024 la Ibero documentó 58 fosas ligadas a feminicidio y 92 víctimas mujeres; el 60.7% de esos entierros estaba en inmuebles privados.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) —la base pública que concentra los reportes de búsqueda en el país, a cargo de la CNB— registraba en junio de 2026, en Morelos, 2,103 personas no localizadas: 1,479 hombres y 622 mujeres. Quien busca, dijo Erika Alcántara García, es mujer. En esos espacios estimó que nueve de cada diez lo son. No es un censo estatal. Es la geografía de las salas donde la Fiscalía recibe a las familias.
El punto que pidió dejar al centro no es retórico. El impulso de la investigación, dijo, no debe recaer en las familias. Es atribución y obligación de la autoridad investigadora. En el caso de Omar Briseño García esa obligación está abierta desde 2021. En el registro de fosas, está incumplida desde hace cuatro años de solicitudes sin respuesta útil.
Andrea Horcasitas Martínez formuló el marco nacional sin metáfora: más de 5 mil fosas, más de 135 mil personas desaparecidas y una cifra oficial de unas 4 mil carpetas. El mensaje, dijo, es que se puede inhumar a una persona y no ocurre nada. En Morelos ese mensaje tiene procedimiento: reservar o no contestar el registro; remitir al INEGI; dejar prescribir Tetelcingo; anunciar el 73% de unos peritajes mientras no existe un padrón público, municipal y anual comparable al que otras fiscalías sí entregaron a la Ibero. Los 184 hallazgos reportados a Morelos Rinde Cuentas no sustituyen ese archivo.
Fernando Blumenkron Escobar tiene por delante casi ocho años de encargo. La prueba no es otro comunicado de “voluntad”. Es ese padrón, y carpetas que avancen sin que una hermana tenga que empujarlas. Mientras el oficio no exista, cada hallazgo en Mixtlalcingo o Tequesquitengo no contradice a la Fiscalía. La confirma: busca en el cerro lo que se niega a escribir.
Esta redacción verificó el 23 de agosto de 2026, con Erika Alcántara García, los hechos de su intervención del 21 de agosto. En el cierre dominical no se obtuvo respuesta de la Fiscalía General del Estado sobre el registro estatal de fosas.
