Por Otto Albero Pérez
El gobierno anuncia una caída de 51 por ciento en homicidios. El SESNSP deja a Morelos segundo en tasa de homicidio doloso y primero en extorsión. Mientras el crimen ocupe el ayuntamiento, el Plan Cuautla no modifica el mapa.
El 20 de agosto, la vocera de la SSPC, Sara Olivia Parra Téllez, informó que los homicidios dolosos en Morelos cayeron 51 por ciento entre noviembre de 2024 y julio de 2026. El Gabinete de Seguridad había dicho antes que el promedio diario pasó de 3.5 víctimas en septiembre de 2024 a 1.6 en junio, y atribuyó el movimiento al Plan Morelos, activado en abril. El dato se ofrece como prueba de coordinación federal-estatal.
Ese mismo corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a la entidad en primer lugar nacional en extorsión presencial (190 casos, 9.64 por cada 100 mil habitantes) y por otros medios (286 casos, 14.51). En homicidio doloso ocupa el segundo sitio: 563 víctimas, tasa de 28.56. También es segundo en feminicidio. El promedio diario y la incidencia por habitante no coinciden.
En agosto la violencia no se detuvo. El 19, tres hombres murieron a tiros en la colonia Esperanza de Cuautla; días después aparecieron restos en costales con un mensaje contra extorsionadores. Entre el 20 y el 22 se sumaron al menos cinco homicidios más: tres en Ayala, uno en Cuautla y otro en Tlalquiltenango. El Plan Cuautla, desplegado a finales de julio con 394 elementos y 79 unidades en 14 colonias, no impidió el triple crimen ni el hallazgo posterior. Cuautla concentra, además, la mayor presión de extorsión: 88 denuncias entre enero y abril de 2026 —54 por ciento más que en el mismo lapso de 2025— y 659 carpetas desde 2018.
Ese operativo nació después de que el Enjambre, reactivado el 20 de mayo, detuviera al alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; al secretario, tesorero y oficial mayor de Cuautla; y, el 30 de mayo en Acapulco, a Jesús Corona Damián, edil de Cuautla, vinculado a proceso por delincuencia organizada y extorsión. Un video de 2025 lo muestra junto a Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, operador del Cártel de Sinaloa en el oriente. La FGR sostiene que esa organización financió campañas en al menos ocho municipios. Antes, en Amacuzac, ya habían caído síndica, regidora y tesorero. En junio, el exalcalde de Ayala, Antonio Domínguez Aragón, y su exsecretario.
El 19 de agosto la Fiscalía detuvo a Karla “N”, síndica de Yautepec, por presuntamente ordenar el ataque del 30 de junio en una cancha, que dejó tres muertos —entre ellos Miguel Ángel Tijera— y nueve heridos. El 15 de agosto, en Tetecala, un hombre ejecutado, un vehículo incendiado y una manta amenazaron a la alcaldesa Rosbelia “N” y al presidente de Mazatepec, Gilberto “N”. En junio ya habían aparecido lonas en Tetecala, Miacatlán, Coatlán del Río y Mazatepec que señalaban nexos entre grupos armados y autoridades locales. Las pesquisas han apuntado, además, a ediles y estructuras de Tlaquiltenango, Jiutepec, Temoac y Jonacatepec.
La tesis es directa: el descenso de promedios diarios y los operativos mixtos no modifican la estructura que sostiene la extorsión y el homicidio. El gobierno federal y el de Margarita González Saravia pueden reportar detenciones y luminarias. Quien cobra piso, autoriza o calla desde el municipio sigue en su sitio. Cuautla ilustra el mecanismo: el alcalde preso, el plan en marcha y, a las tres semanas, tres cadáveres y un mensaje.
Sin depuración de los 33 ayuntamientos —no solo de los ya procesados—, el Plan Morelos y el Plan Cuautla operan como contabilidad de superficie. La tasa de 28.56 homicidios por 100 mil habitantes y el primer lugar en extorsión no se corrigen con voceros. Se corrigen cuando Enjambre alcanza a quienes aún firman actas. Hasta entonces, 2 más 2 seguirá dando 5.
